Madrid
España necesita hacer más esfuerzos en la movilidad eléctrica. Tras el visto bueno de los Veintisiete a adelantar a 2035 la prohibición de venta de vehículos de combustión, los objetivos en materia de electromovilidad han de ser más ambiciosos.
No obstante, la infraestructura de recarga es nimia y hasta final de año se necesitan 486 millones de euros para contar con 45.000 puntos de recarga públicos. Un objetivo que no está marcado en el PNIEC, pero que sí son proyecciones para lograr las metas marcadas en 2030. Hasta marzo solo se habían instalado 14.244 postes públicos, el 31% de lo previsto para este año. El Gobierno prevé que para 2023 haya entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga gracias al Perte. Con el ritmo actual parece difícil lograrlo.
