Madrid
Ninguna de las grandes economías de la Unión iguala la velocidad a la que esta remuneración creció en España.
En apenas dos semanas, el Ministerio de Trabajo reunirá a su grupo de expertos para preparar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se hará efectivo en 2023. Parece ya descontado que el alza se producirá, dado que el PSOE y Podemos abogan por él (como volvieron a hacer esta semana) e incluso el presidente Sánchez se muestra dispuesto a acometerlo. Todo ellos argumentan que nada hay más coherente, en un contexto en el que los precios aceleran casi un 11%, que elevar el SMI y proteger así el poder adquisitivo de un sector de la sociedad especialmente vulnerable. No obstante, ante este argumento, conviene hacer recapitulación de la evolución reciente del SMI. Es posible así demostrar que las objeciones que se deben plantear al nuevo incremento van más allá de las dificultades que plantea la actual situación económica. Las cuantiosas y rápidas subidas que muestra esta remuneración hacen que el Salario Mínimo español sea el que más ha crecido desde los años anteriores a la pandemia (340 euros en términos absolutos) de toda la UE, con una excepción de Lituania, una economía mucho más pequeña en la que el SMI es de apenas 730 euros mensuales. En términos relativos, el avance muestra también una gran envergadura ya que rebasa el 30% desde 2019. Subidas tan cuantiosas y precipitadas tienen un severo impacto en los ya elevados costes laborales que soportan las empresas y en su capacidad misma de crear empleo, como ya demostró el Banco de España. Ahondar esa política, ahora que el mercado de trabajo muestra un claro deterioro desde la segunda mitad del pasado julio, sólo contribuirá a dificultar aún más las contrataciones y a fomentar los despidos.
