Madrid
Si en algo coinciden hoy todos los economistas, servicios de estudios y las instituciones nacionales e internacionales, con el Banco de España a la cabeza, es en la necesidad ineludible de alcanzar un pacto de rentas para hacer frente a la espiral inflacionista que está colocando la economía española al borde de la recesión mientras empobrece considerablemente a la ciudadanía, afectando especialmente a las clases más desfavorecidas de la sociedad y amenazando con un colapso del consumo y la inversión. Amenaza esta que ya avanza la caída del 16% en los envíos del sector de la logística, denunciada por el presidente de la patronal UNO, Francisco Aranda.
Un pacto de rentas que, coinciden también todos los expertos, debe estar fundamentalmente vinculado a la productividad y a la competitividad a través de una desindexización de la economía desligando de las variaciones del IPC las subidas del salario mínimo, de las pensiones y los sueldos de los empleados públicos, además de un recorte del gasto improductivo del Estado y de políticas fiscales restrictivas.
Y como complemento a este pacto de rentas, se hace imprescindible una bajada de impuestos a las empresas y a los particulares que contrarreste la pérdida de poder adquisitivo vía rentas salariales mediante el alivio de la carga fiscal. Los últimos datos del Ministerio de Trabajo muestran que la subida salarial pactada en los convenios colectivos hasta julio ha sido del 2,56% frente al 10,8% de crecimiento de los precios. Un traumático empobrecimiento de los contribuyentes que contrasta con el aumento espectacular de los ingresos tributarios del Gobierno por la escalada de los precios.
Los informes de la Agencia Tributaria 2021 reflejan que el Ministerio de Hacienda obtuvo en el pasado ejercicio la mayor cifra de ingresos tributarios de la historia, 223.000 millones de euros y 8.000 millones más de lo esperado, tendencia que se mantiene a lo largo de este año. Los resultados hasta mayo muestran cómo la recaudación fiscal ha subido un 19%, 13.400 millones de euros que han permitido que el Gobierno haya alcanzado prácticamente los ingresos previstos para todo el ejercicio.
Pero para que todo esto suceda, como sería deseable y conveniente, todos los analistas coinciden también en que el pacto de rentas debe ser liderado por el Gobierno, negociado y avalado por el conjunto de las fuerzas políticas, especialmente con el primer partido de la oposición, y consensuado con los agentes sociales, patronal y sindicatos que son los más directamente afectados y los encargos de llevarlo a efecto.
Y aquí es donde con Sánchez y el Gobierno hemos topado. El frentismo congénito del presidente y del Ejecutivo, su aversión al acuerdo y al diálogo, su acentuada inclinación a gobernar por decreto, su marcado desprecio al Parlamento y a las instituciones democráticas, su falseamiento constante de la realidad económica y sobre todo la falta de credibilidad de la palabra de Sánchez y en la fiabilidad de sus compromisos -que le pregunten a Antonio Garamendi y a la CEOE- hacen, hoy por hoy, imposible el pacto de rentas y cualquiera otro encaminado a hacer frente a la inflación y a la recuperación de nuestra maltrecha economía, de la competitividad empresarial y del poder de compra de los españoles todos. Y esto, señor presidente, no es "intoxicar", ni en mi ánimo hay fin perverso alguno. Solo es una exposición fiel de los datos y los precedentes que no engañan y, en todo caso, dejan muy claro de dónde procede y en qué lado está la perversión.