Madrid
Su reindexación al IPC, sin factor corrector alguno, provocará un sobrecoste a la Seguridad Social de 12.000 millones.
Los recientes incrementos de la inflación permiten prever que España está abocada a terminar el año con una tasa promedio del IPC que rondará el 8%. Por tanto, es ya posible afirmar con notable seguridad que ésa será la referencia que marcará la revalorización de las pensiones en 2023, y también analizar así más pormenorizadamente su impacto en las cuentas de la Seguridad Social. En concreto, con una actualización de tan gran envergadura, sólo el incremento de las remuneraciones del 10% de los pensionistas que más cobran (en el entorno de los 37.300 euros anuales) exigirá un desembolso extra cercano a los 3.000 millones en el próximo ejercicio. Por supuesto, no hay en esta argumentación ningún afán populista de buscar artimañas legales para excluir a ese colectivo de jubilados de la revalorización que se prepara. Dicha medida atentaría contra el principio de contributividad del sistema de pensiones, que ampara a todos sus beneficiarios. Al contrario, lo que estas cifras pretenden poner de manifiesto es el gran esfuerzo al que se va a someter a la Seguridad Social por el regreso a la indexación de las pensiones al IPC. En conjunto, la actualización de todas las pensiones contributivas exigirá un desembolso extra de 12.000 millones que, por ende, quedará consolidado en las cuentas del sistema. El posible pacto de rentas que el Gobierno persigue todavía está en el aire y, además, está por definirse de qué modo afectaría a los pensionistas. En consecuencia, la única certeza es que la cancelación de la reforma de 2013 y la sujeción de estas remuneraciones al nivel de precios (sin considerar factores correctores como la esperanza de vida o la evolución del PIB) sólo agravará las dificultades que la Seguridad Social atraviesa.
