El anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales posibilita un ataque a la libertad de información inédito en la historia democrática española.
En su redacción actual, la norma permite al Gobierno imponer multas de hasta tres millones por revelar contenidos que entran en un muy amplio espectro, definido por el propio Gobierno, desde los secretos de Estado hasta los datos considerados meramente de acceso restringido.
Pero más preocupante es el poder que el Ejecutivo se arroga para imponer las multas de modo que, sólo a posteriori, los periodistas puedan recurrir a los tribunales. Es un flagrante retroceso respecto a la situación actual, en la que únicamente los jueces aplican penas por difundir datos confidenciales, que desampara a los informadores y cercena la libertad de Prensa.
