El ejercicio 2022 estaba señalado como el año decisivo para asegurar el máximo impacto de los fondos europeos en España, con el objetivo de recuperar nuestra economía de las consecuencias de la pandemia del Covid-19 y transformarla hacia un modelo más digital, verde e industrial. Además, la invasión rusa de Ucrania, los problemas en las cadenas de suministro y el incremento notable y generalizado de los precios hacen más necesaria todavía una ágil ejecución de los fondos.
Una vez pasado el ecuador del año, sin embargo, estamos todavía lejos de poder afirmar que hayamos alcanzado la velocidad de crucero. Siendo cierto y destacable que hemos sido el primer país en recibir el segundo desembolso, por importe de 12.000 millones, resulta fundamental acompasar la celeridad en la recepción de fondos por parte de España con su llegada a la economía real.
No podemos olvidar que las reformas han tenido un peso mayor que las inversiones en el cumplimiento de los hitos y objetivos hasta la fecha, y que algunas de ellas ya estaban en marcha cuando el Plan fue remitido a Bruselas, por lo que consideramos necesario poner el foco en la agilidad de las inversiones de cara a los siguientes desembolsos.
De hecho, como ha recogido la propia Intervención General de la Administración General del Estado en junio en la última actualización de los datos de ejecución presupuestaria, de los 28.723 millones de fondos europeos presupuestados para este año, los pagos ascienden a 2.620 millones (el 9,2%). Además, de esta cantidad, 1.700 millones (el 65%) han sido transferencias a las comunidades autónomas para que publiquen sus propias convocatorias y licitaciones.
A pesar de ello, 2022 y, más concretamente, este segundo semestre sí es especialmente importante por un hito que debemos cumplir con la Unión Europea: la presentación de la Agenda al Plan España Puede, con los compromisos de reforma e inversión que nuestro país debe ejecutar hasta 2026 para recibir los casi 70.000 millones de euros de préstamos del paquete Next Generation.
De esta forma, tras un inicio de ejecución de los fondos en donde existen claras áreas de mejora, nos encontramos ante una oportunidad inmejorable de diseñar una Adenda que, por un lado, recoja las reformas estructurales y líneas de inversión que España necesita ante el contexto actual y para hacer frente a los retos que ya tienen impacto en nuestra economía; y, por otro lado, supere los cuellos de botella y las barreras que están suponiendo una frustración de expectativas en las empresas y una excesiva lentitud en la ejecución.
Hay que acompasar la recepción de los fondos UE con su llegada a la economía real
Como recogíamos en el reciente informe de seguimiento de los fondos europeos que hemos publicado desde CEOE, desde el ámbito empresarial proponemos algunas medidas que entendemos que pueden contribuir activamente a lograr ambos objetivos. Por ejemplo, impulsar convocatorias menos atomizadas, con porcentajes de cofinanciación más altos (actualmente la media es el 30%) y plazos de presentación más razonables para facilitar el acceso a los fondos a las pymes y los autónomos; así como una mayor implicación del sector financiero para ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas a todas las empresas, independientemente de su tamaño, sector o región.
Sin embargo, dentro de las propuestas que desde CEOE hemos planteado de manera reiterada, hay una que adquiere ahora una mayor relevancia, al encontrarnos en pleno proceso de elaboración de la Adenda: el despliegue de proyectos tractores en cada una de las comunidades autónomas, combinando la agilidad en la tramitación administrativa y la adaptación de las convocatorias a la realidad socioeconómica del territorio.
Por ello, el reciente anuncio del Gobierno de creación de un fondo para inversiones de ámbito autonómico, con foco en la autonomía estratégica en los ámbitos energético, agroalimentario, tecnológico y digital, puede ser una muy buena iniciativa para dar respuesta a dicha necesidad. Así, resulta fundamental que la comunicación enviada la última semana de julio por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno a los presidentes autonómicos tenga recorrido y se lleve a efecto, a diferencia de lo que ocurrió con una solicitud similar efectuada en octubre del año pasado.
Para un buen funcionamiento de esta medida creemos necesario, en primer lugar, llevar a cabo una asignación de fondos a las Comunidades Autónomas con criterios transparentes y objetivos, en función, por ejemplo, del número, la calidad o la capacidad transformadora de los proyectos.
Además, resultaría interesante que la articulación de este fondo se haga a través de la creación de una bolsa específica para iniciativas tractoras, sin la atomización en base a componentes que se ha producido hasta la fecha. Si esto fuera así, la ejecución de los fondos por parte de las Comunidades Autónomas podría hacerse a través de una gran convocatoria (o, a lo sumo, de un número reducido de ellas), facilitando de esta forma la concurrencia y la participación de las empresas, asegurando la presencia de pymes y haciendo más ágil la tramitación administrativa.
Esto sería compatible, sin duda, con que en el diseño de las órdenes de bases de las convocatorias se asegure el respeto a los porcentajes de contribución a la transición digital y a la transición ecológica comprometidos con la Unión Europea.
Finalmente, como vía de asegurar el máximo interés empresarial en estos fondos, es importante que las convocatorias prioricen la asignación de subvenciones a las empresas, en lugar de préstamos: o en su totalidad o en una gran parte.
En definitiva, nos encontramos a las puertas de poder mejorar lo que no está funcionando como se esperaba y de asegurar las reformas estructurales y líneas de inversión que España necesita. Un momento clave en el que, de nuevo, el diálogo social puede erigirse como activo fundamental del proceso participativo que el Gobierno ha anunciado que va a abrir. Es la mejor vía para asegurar un verdadero Plan de país.
