Hoy entra en vigor el Plan de Ahorro energético del Gobierno tal y como fue aprobado en Consejo de Ministros, tras la inútil reunión que el lunes pasado el Ejecutivo mantuvo con las autonomías.
Estas últimas se movilizan también, como evidencia especialmente el caso madrileño. No en vano la presidenta de este territorio, Isabel Díaz Ayuso, ha ya identificado 10 puntos como recurribles ante el Tribunal Constitucional.
Es imposible asegurar en una fase tan temprana que todas las impugnaciones tengan éxito. Lo que sí se ha puesto ya en evidencia es la gran cantidad de frentes a través de los cuales se puede atacar legalmente el texto del decreto-ley.
En primer lugar, resulta obvia la invasión de competencias autonómicas, como por ejemplo Ley de Libertad de Horarios madrileña, que permite abrir al comercio 24 horas y que se ve transgredida por el forzado apagón de los escaparates desde las 10 de la noche.
De igual modo, la ausencia de luces en los edificios públicos violenta la normativa regional sobre el uso de esos inmuebles.
Pero, además, también hay un choque flagrante con la normativa anti-Covid que el propio Gobierno de Pedro Sánchez promulgó ante la emergencia planteada por el coronavirus. Esa legislación establece la necesidad de ventilar los establecimientos públicos que ahora se ve imposibilitada por la nueva obligación de limitar el consumo de aire acondicionado y de calefacciones.
Esta autocontradicción de Moncloa con respecto a sus propias disposiciones delata la total precipitación con la que se ha elaborado el decreto-ley, y constituye el caldo de cultivo más propicio para una constante sucesión de litigios judiciales. Además, las autonomías tendrán que aplicar un régimen sancionador en el que no creen.
