Las patronales se muestran unánimemente críticas con el recién aprobado plan de ahorro energético. Las restricciones a calefacciones, aires acondicionados e iluminaciones despiertan lógicas protestas debido a su escasa coherencia con la normativa ya vigente de salud y seguridad en comercios y puestos de trabajo.
También debe considerarse su previsible choque con el derecho que ampara la libre empresa. Pero igualmente cuestionables resultan medidas como el desembolso de dinero público para posibilitar la gratuidad, a todos los ciudadanos sin discriminar por renta, de los trenes de cercanías y de media distancia.
Medidas como éstas no sólo presentan una dudosa eficacia. Además, despilfarran recursos en un momento en el que las Administraciones sufren graves desequilibrios.
