Estados Unidos entró en recesión en el primer trimestre de este año. Aunque parezca mentira eso debería ser una buena noticia, porque cuando una economía toca suelo, el recorrido futuro es al alza. Wall Street lo celebró ese día con alzas cercanas al 5% en el tecnológico Nasdaq y con una caída de los bonos del Tesoro a dos años de casi ocho puntos.
Prevenir una recesión es muy complicado. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, algo debía de intuir cuando el miércoles pasado, después de subir los tipos 0,75 puntos, la mayor desde 1994, insinuó que lo peor había ya pasado, al afirmar que a partir de ahora, lo más probable, es que el incremento del precio del dinero sea más moderado. De entorno a medio punto hasta alcanzar el 3,5% a finales de año, más de un punto por encima del precio actual.
El mercado le compró el mensaje, incluso espera que las subidas sean menores de las previstas. La FED debe andar ahora con pies de plomo para no provocar una crisis de gran envergadura. Los economistas tienen la impresión de que el banco de la Reserva Federal se había equivocado, al no predecir que la inflación iba a ser duradera, y que iba por detrás de la curva de los precios. Ahora el sentimiento es que ha logrado colocarse por delante de esa curva y vencer su resistencia. Todo dependerá de cómo evolucione los precios al consumo en los próximos meses. La FED no puede ceder a las presiones políticas y relajar la política monetaria si los precios siguen desmadrados.
Hasta aquí las buenas noticias. Lo malo es que Estados Unidos se adelanta al ciclo económico y los demás países suelen ir detrás. Esto significa que Europa, con España incluida, debería entrar también en fase correctiva en algún momento de este año o principios del que viene, según diversos expertos consultados por este periódico. Habrán oído aquello de que cuando la economía americana se resfría, el resto coge una pulmonía.
En este contexto, la previsión lanzada esta semana por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en la presentación del techo de gasto, de que el crecimiento iba a mantenerse en tasas en torno al 4% este año y del 2,7% el que viene, quedará en agua de borrajas. Lo más probable, según estos expertos, es que registremos una tasa de crecimiento negativa ya en el último trimestre del año, aunque Putin no corte el gas. Si encima interrumpe el suministro, la situación empeoraría. El crecimiento del PIB del 1,1% en el segundo trimestre es flor de un día, lo duro será el invierno.
Calviño se ha vuelto a liar con los plazos. La vicepresidenta espera un deterioro de la situación, pero no tan rápido como, probablemente, ocurra. Además, los economistas coinciden en que la presentación de un techo de gasto expansivo con una cifra récord de 198.221 millones es desaconsejable en un momento de contracción de la economía, aunque el incremento se haya limitado al 1,1%.
Calviño manda una señal equivocada a los mercados en una situación de elevada incertidumbre, al no incluir algún tipo de ajuste del gasto en previsión de que vengan mal dadas. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, se lo reprochó este jueves, criticando que no haya ni una medida para reducir el déficit estructural.
Las culpables son las pensiones. Herrero arremetió, sin citarlas, contra la subida de cerca de dos dígitos, que obligará al Gobierno a realizar una transferencia extra a la Seguridad Social de 20.000 millones, según reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El problema es que el coste extra de las pensiones se asume para toda la vida, es decir, es estructural, como recordó Herrero. La situación es tan desesperada que Montero no supo explicar de dónde va a sacar el Gobierno los mil millones anuales prometidos por Sánchez para cumplir con los compromisos de la OTAN. España deberá, además, recortar del 5 al 3% el déficit público en 2024 si quiere contar con el escudo de protección del Banco Central Europeo (BCE) ante un hipotético ataque a su prima de riesgo.
Sánchez ha entrado en modo electoral. Después de situar a las ministras de Hacienda y Educación en altos cargos de su partido para politizar la economía, este jueves presentó el tributo a la banca y a las empresas energéticas a sabiendas de que es ilegal y que no habrá forma de evitar que se repercuta a los clientes.
El Gobierno recurrió a una figura jurídica rebuscada, la de Prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, utilizada en las concesiones de agua o de autopistas para la prestación de un servicio público, que en este caso es inexistente al tratarse de empresas privadas. De este modo, intenta evitar el calificativo de extraordinario para que no sea considerado como doble imposición. De hecho, en la presentación realizada por el portavoz socialista, Patxi López, se eludió referirse a esta característica.
Los juristas coinciden, sin embargo, en que es imposible eludir la doble imposición porque se gravan ingresos por los que ya se tributa en el Impuesto de Sociedades. Aparte de que se produce una discriminación porque ¿qué pasa si hay una pérdida extraordinaria? Entonces, debería reducirse la tributación. O ¿por qué la banca extranjera, las cooperativas de créditos o las fintech son excluidas del gravamen?
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, recordó que nadie se acordó de ellos cuando tuvieron que afrontar miles de millones de pérdidas por el encierro que decretó el Gobierno durante la pandemia y calificó el canon de "arbitrario". Los bares y restaurantes se benefician en sus márgenes de la inflación y fueron excluidos.
Tampoco se sabe cómo salvará el Gobierno el tema de la retroactividad, porque la aprobación de una ley lleva tiempo en el Congreso. Su entrada en vigor no se producirá antes de finales 2022 para un hecho imponible desde comienzos de año. Los tribunales tumbaron el pago fraccionado mínimo del Impuesto de Sociedades introducido por el exministro Cristóbal Montoro por Real Decreto por motivos políticos, como en esta ocasión. Hacienda tuvo que afrontar elevados intereses de demora en las devoluciones.
Existen, por último, muchas dudas de que no vaya a ser trasladarlo al cliente, sobre todo en el caso de la banca, porque la Autoridad Bancaria Europea (EBA) obliga a las entidades a repercutir los costes en las condiciones del crédito. Ello se traducirá, forzosamente, en un encarecimiento ó en una recorte de las concesiones. La presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, estimó en 50.000 millones, el volumen de contracción del crédito, lo que redunda en menor apoyo para las empresas y los ciudadanos en el momento que más lo necesitan. En sentido parecido se expresó este viernes el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Hacienda, después de un encuentro celebrado este viernes con los equipos técnicos de varios bancos, se comprometió a elevar una consulta al BCE sobre los aspectos más conflictivos de la norma. Existe el precedente de una tasa similar en Lituania, que la institución financiera obligó a retirar a sus autoridades. Una muestra más de la precipitación con la que se actuó por motivos electorales.
La mejor manera de aumentar la recaudación es impulsar el crecimiento con incentivos fiscales que estimulen el consumo y el empleo y, por ende, la recaudación de IVA e IRPF. Los tributos a las energéticas y financieras van en la dirección contraria. Cabe recordar que hay pendiente una necesaria reforma fiscal, sin fecha a la vista. La tasa Google o la de transacciones financieras recaudaron menos de la mitad de lo previsto. Esta vez se corre el riesgo de que tampoco se recauden 7.000 millones en dos años, con el problema añadido de que haya que devolverlo todo con intereses. Pero eso será ya en otra legislatura y, quizá, con otro Gobierno.
Sánchez una vez más intenta desafiar las leyes del mercado y adopta el mantra de sus socios de Podemos, que pretenden que la política esté por encima de la economía. Sus palabras de desprecio hacia Botín y al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, producen sonrojo ajeno y muestra que el presidente está nervioso por su futuro y radicaliza su mensaje para atraer a sus socios de izquierda. Denostar a los presidentes de dos de las joyas de la corona empresariales españolas crea inseguridad jurídica y aleja las inversiones. Cuanto más hable, más dura será la caída de la economía este invierno.
