José Luis Escrivá fue el autor intelectual del impuestazo a la banca que Sánchez anunció en el Debate sobre el Estado de la Nación para contentar a Podemos.
Para ello, el ministro de Seguridad Social se basó en la figura del Banco de Pagos Internacionales (BPI) llamada Financial Activity Tax (FAT) para gravar el margen de intereses y las comisiones de la banca con un efecto similar al IVA. Vaya por delante que el impuesto es injusto ya que castiga al sector por beneficiarse de la subida de tipos cuando lleva diez años sufriendo la política ultraexpansiva en la eurozona. Además, la tasa llega en un momento en el que el BCE deja de comprar deuda soberana, lo que elevará la rentabilidad de los bonos españoles. Este incremento los convierte en atractivos para los particulares, que pueden dejar de invertir en depósitos, ocasionando un perjuicio añadido a las entidades. Todo ello llevará a los bancos a endurecer la concesión de crédito, que es justo lo contrario a lo que la economía necesita. Por fortuna, todos estos perjuicios pueden quedar en nada ante la dificultad que tiene la implantación del impuesto. Para empezar, supone una doble imposición, al pagar ya la banca impuestos por sus beneficios a través de Sociedades. Esto abre la puerta a que el sector reclame judicialmente. Pero es que además el BCE puede tumbar el tributo. De hecho, ya lo hizo con un gravamen similar en Lituania al considerar que dañaba la estabilidad financiera en la eurozona, que es uno de los mandatos del eurobanco.
El BCE puede tumbar el impuesto ideado por Escrivá ya que atenta contra su mandato de velar por la estabilidad financiera
Salta a la vista que el injusto impuestazo de Sánchez también menoscaba la actividad de las entidades nacionales en un momento en el que el BCE las exige más provisiones por la crisis, por lo que su entrada en vigor es más que discutible.
