Los créditos ICO han salvado a muchas empresas de la quiebra durante la pandemia. Pero ahora que se acerca el fin del periodo de moratorias, su existencia supone un problema para la banca.
Para empezar, en caso de impagos, las entidades no podrán desprenderse del préstamo moroso salvo que renuncien al aval del Estado, que alcanza el 76% de los préstamos. Además, el organismo puede tardar cinco meses en abonar el dinero e iría cuota a cuota, lo que también supone una complicación para las entidades. Por último, el hecho de que el ICO exija beneficiarse de las garantías puestas por su cliente para otros préstamos dificulta y encarece la concesión de nueva financiación. Todo ello convierte ahora a los créditos ICO en una deuda incómoda para la banca.
