Colau exilia a los universitarios
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, parece haber declarado la guerra a los universitarios. En una jugada difícil de entender, el nuevo plan de urbanismo de la Ciudad Condal plantea que sus residencias se ubiquen lo más lejos posible de la corona metropolitana. Y también reducir su tamaño, hasta un tope de 350 residentes. El movimiento no solo carece de explicación para la comunidad universitaria, sino que lo consideran una amenaza a su subsistencia ya que frena la llegada de estudiantes extranjeros. Desde el consistorio se apunta a los "problemas de convivencia" provocados por la "aglomeración de jóvenes", pero el sector responde que, precisamente, la existencia de residencias, ubicadas en áreas próximas a los campus, permite evitar esos supuestos inconvenientes. "Ahora están más controlados. Si quiere desterrarles a diez o quince kilómetros de sus centros de estudios solo va a disparar los conflictos que tanto le preocupan", avisan y pronostican que, con esta nueva arbitrariedad, el "talento del futuro" no querrá volver a Barcelona.
Una rara forma de cine y televisión independiente
Los productores audiovisuales están de los nervios con la nueva redacción del apartado de la Ley Audiovisual que regula su definición. Y es que una extraña jugada de gramática legislativa permite que las empresas participadas por grandes compañías audiovisuales también entren en la definición de "independientes". Lo que significa que tendrán acceso a al presupuesto que sus "matrices" deben destinar a películas y series independientes. Es decir, que todo queda en casa. Las sospechas se disparan porque el cambio fue introducido por una enmienda del PSOE. Y coincide con la "gira española" que el Gobierno montó a los directivos de grandes estudios y plataformas como Netflix o Amazon para que ubicaran sus producciones en España. Nadie ve en ello una casualidad.
El alto coste de fotografiar a los políticos
La nueva Ley de Contratos del Sector Público ha permitido conocer por primera vez cuánto se destina el Congreso a fotografías: 230.555 euros. La partida incluye desde las fotos de carné de los diputados, a la cobertura de las sesiones parlamentarios y actos institucionales. Y aunque admiten que el gasto pueda estar justificado, ha sido acogido con cierto sarcasmo por los propios profesionales de los medios que recuerdan su relación con una institución quizá "demasiado pendiente" de evitar "instantáneas indiscretas" de los políticos en los Plenos.
