Con la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia ("LRRRG"), que entró en vigor el pasado 22 de mayo, Galicia se une a la tendencia de consolidar los núcleos urbanos y rurales para preservar el patrimonio edificado, tal y como han venido haciendo otras Comunidades Autónomas.
La LRRRG pone de relieve la existencia de zonas urbanas, rurales y edificaciones en Galicia que se han ido deteriorando con el paso del tiempo y que son merecedoras de ser puestas en valor. Para ello, se apuesta por su recuperación, mejorando la calidad de los edificios, servicios e infraestructuras, respetando la protección del patrimonio cultural y favoreciendo la accesibilidad universal, la eficiencia energética y el uso de las energías renovables tanto en espacios públicos como privados.
Así pues, en suelo urbano y de núcleo rural se distinguen las actuaciones de rehabilitación edificatoria y las actuaciones de renovación y regeneración urbanas, cuya delimitación puede comportar la necesidad de que los operadores públicos y privados contribuyan económicamente en la actuación; la expropiación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución; así como la sujeción de los bienes afectados a los derechos de tanteo y retracto en favor de la Administración Pública. Del mismo modo, el legislador ha querido impulsar la regeneración de los núcleos rurales que se encuentren en estado de abandono estableciendo una regulación específica a este respecto.
Amén de lo anterior, la LRRRG regula el régimen jurídico aplicable a ciertas intervenciones que se realicen sobre algunos inmuebles sujetos a protección del patrimonio cultural, estableciendo normas de aplicación directa y simplificando el procedimiento de obtención de licencias mediante la supresión de la necesidad de obtener una autorización autonómica previa de la Consejería competente en esta materia.
La LRRRG también aborda la regulación del informe de evaluación de edificios que recoge los aspectos básicos del estado de conservación del edificio y de sus elementos protegidos, las condiciones de accesibilidad universal y eficiencia energética. Este informe deberá presentarse, con carácter general, en los Ayuntamientos cada 10 años por parte de los propietarios de edificios de vivienda colectiva con más de 50 años de antigüedad.
Por último, la LRRRG articula una serie de medidas para fomentar el cumplimiento de su articulado a través del acceso a distintos tipos de financiación pública -autonómica, europea y estatal- y posibilita que los Ayuntamientos puedan establecer bonificaciones
fiscales. Sensu contrario, establece previsiones para evitar la inobservancia de esta norma como la creación del "canon de inmuebles declarados en estado de abandono", que será exigible desde el 1 de enero de 2020.
En definitiva, el nuevo texto legal está orientado a mejorar la calidad de las áreas rurales y urbanas y supone dar un paso más en la definición del modelo territorial de Galicia que se ha ido perfilando en los últimos años con la aprobación de una serie de normas de gran relevancia para la Comunidad Autónoma como son la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia; la Ley 3/2016, de 1 de marzo, de Medidas en materia de Proyectos Públicos de Urgencia o de Excepcional Interés; y el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia.
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