Tendremos presupuestos para 2019 o estaremos todo el año con prórroga presupuestaria? Incluso, si tuviésemos cuentas para el año próximo, ¿en qué consistirán estas cuentas? Estas son dos de las preguntas fundamentales que se hacen todos los españoles, precisamente cuando el Gobierno de Sánchez anuncia un proyecto de presupuestos para enero y, de paso, volver a intentar aprobar la misma senda de déficit rechazada por el Congreso el 27 de julio pasado. Si a todo esto se añade la tramitación de las proposiciones de reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la cuestión del veto del Senado y alguna otra, lo más probable es que no se entienda nada. Y no se entiende nada, simplemente porque las reglas presupuestarias, incluso las constitucionales, no se están cumpliendo.
Empecemos por el principio: para tener un presupuesto se necesitan votos en el Congreso. Todo parece indicar que el Gobierno de Pedro Sánchez no los tiene y, precisamente por eso, no presentó el proyecto de presupuestos en el plazo constitucional del artículo 134, es decir antes del 30 de septiembre. Esta era la segunda vez que el Gobierno no presentaba el proyecto de presupuestos para ahorrarse una derrota parlamentaria.
El año pasado, Montoro compareció para explicar este hecho, que incumplía la Constitución, ante la Comisión de Presupuestos. Este año, la ministra Montero también se ha negado a cumplir la Constitución, pero, además, se ha negado también a comparecer y dar explicaciones en la Comisión de Presupuestos, habiendo sido citada por la unanimidad de los grupos, bajo pretexto de no encontrar una fecha libre antes del 20 de diciembre. El pasado 21 de noviembre, la ministra Montero dejó la silla vacía y no compareció en el Congreso.
Otra cuestión previa es la senda de déficit. Este documento es un acuerdo del Consejo de Ministros y es el inicio de la tramitación presupuestaria. En este acuerdo se contienen las grandes cifras a las que se tienen que ajustar todos los proyectos de presupuestos de las Administraciones Públicas. De acuerdo con el artículo 15.6 de la vigente Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la senda de déficit debe ser aprobada sucesivamente por el Congreso y el Senado. "Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento", dice la Ley.
El pasado 27 de julio, el Congreso de los Diputados, con casi el doble de votos en contra que a favor, rechazó la senda de déficit que pretendía establecer un objetivo de déficit del 1,8 por ciento, en lugar del objetivo del 1,3 por ciento, de la senda anterior, aprobada en 2017 por las Cortes Generales. Esta senda debe ser informada previamente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CCAA y por la Comisión Nacional de Administración Local.
Sin embargo, el pasado viernes día 7 de diciembre, sin convocatoria previa de estos dos órganos, el Gobierno aprobó nuevamente la misma senda. Quizás esto sea un fraude de ley y no se pueda tramitar. Seguramente usted habrá oído hablar, y mucho, del "veto del Senado" a la senda de déficit. Pues bien, esto es algo que no se ha producido, simplemente porque si el Congreso no aprueba la senda ya no pasa al Senado. Ahora lo previsible es que vuelva a ocurrir lo mismo: que el Congreso vuelva a rechazar la senda de déficit, si es que se llega a tramitar. Si no, el PP ya ha anunciado que la vetará en el Senado, donde tiene mayoría absoluta.
¿Por qué presenta entonces la senda de déficit el Gobierno del PSOE? Según la ministra Celáa, porque se lo recomienda la Abogacía del Estado. Esta es una explicación discutible, por ser suave. Por una parte, porque cuando no le gusta lo que dice la Abogacía, por ejemplo, acusar por rebelión a los presuntos autores de un golpe a la democracia en Cataluña, se cambia el escrito y se destituye al Abogado del Estado responsable. Por otra, porque la Abogacía simplemente se lee el artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad, cosa que es posible que no hayan hecho algunos responsables gubernamentales. Por último, porque había que llevar al Congreso la nueva senda en agosto, no ahora.
En realidad, el Gobierno presenta una senda para volver a perder simplemente porque informó a la Comisión Europea en el borrador presupuestario enviado a Bruselas de que "seguía trabajando" en una senda que ya había sido rechazada por el Congreso. Ahora, la Comisión Europea está exigiendo revisar nuevamente el plan, ya que tiene serias dudas de que los presupuestos cumplan con las obligaciones internacionales de España asumidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ante esto, al Gobierno de Sánchez no le ha quedado más remedio que volver a enviar lo mismo, con la elevadísima probabilidad de que el resultado se repita.
Si no hay ni acuerdo en las grandes cifras, no es posible sacar adelante un presupuesto, al menos en condiciones normales. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez cree que, si sigue haciendo favores a los separatistas, igual sume votos suficientes. Recordemos que lo primero que hizo Sánchez al llegar a la Moncloa fue levantar el control de las cuentas al govern de Torra, o que ahora mismo permite la absoluta inacción de los Mossos -sobre cuya cúpula se gesta una purga- ante cortes de autopistas… A todo esto, se suma el aviso a navegantes las elecciones andaluzas han dado a populistas y populares, pero, sobre todo, a los socialistas.
¿Serán suficientes los nuevos favores a los separatistas para conseguir aprobar los presupuestos? ¿Incluirán los indultos a los presuntos golpistas presos, que Sánchez se ha negado a descartar, y que apoyan públicamente dirigentes socialistas? No es fácil contestar a estas preguntas, pero lo que podemos tener claro es que sólo tendremos presupuestos si hay un pago adicional a los separatistas, y que esto supondrá un precio carísimo para todos, incluyendo el PSOE. Los nuevos presupuestos serían un desastre, y no sólo por el precio a pagar, sino porque supondrían más gasto superfluo, más impuestos y más déficit y deuda que la prórroga de los de 2018. Por eso, desde Ciudadanos nos opondremos a unas cuentas cuya única finalidad es huir de las urnas.
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