Siguiendo el rastro del dinero del Golpe

Uno de los consejos más valiosos que recibe cualquier investigador novato en muchos casos de corrupción es que siga el rastro del dinero. Esto vale también con la corrupción vinculada al procés per la independència de Cataluña. Y recordemos que el procés no es más que la búsqueda, cada vez más desesperada, de la impunidad de una parte de la clase política catalana para no responder por sus delitos.

Por esa razón, no se debía haber escatimado el más mínimo esfuerzo, primero en el control de los fondos públicos de la Generalitat, y posteriormente en el seguimiento del dinero que, con toda probabilidad se desvió hacia finalidades ilegales.

Es cierto que en el golpe a la democracia en Cataluña no estamos hablando de ilegalidades cualquiera sino de subvertir el orden constitucional. En este sentido, se han centrado muchos esfuerzos en el tipo delictivo de rebelión. Pero, aunque no se hubiese producido la resolución del Tribunal Regional de Schlewig-Holstein, está claro que la investigación de la presunta malversación de caudales públicos, que se ha llevado a cabo en el golpe a la democracia en Cataluña, tiene una importancia capital.

Lo primero que hay que tener claro es que la malversación de caudales públicos no es sólo apropiarse indebidamente del dinero de todos, sino, desde la reforma de 2015, cualquier administración desleal de fondos públicos.

Por esa razón, la gestión desleal o fraudulenta constituye también un delito de malversación y no sólo la apropiación de fondos por parte de las autoridades y funcionarios. De forma análoga a que es delictiva la administración desleal de una sociedad por parte de sus administradores, y no sólo la apropiación indebida de los fondos societarios, la administración desleal de los fondos públicos también es delictiva.

Evidentemente, la disposición de fondos públicos destinados a una finalidad ilícita, como es promover ilegalmente la secesión de una parte de España, constituye un delito de malversación, aunque en este hecho, los autores no se hayan lucrado personalmente.

En cualquier caso, por una parte las consecuencias del golpe nos han empobrecido a todos, y especialmente a los catalanes. Por otro lado, el gasto destinado a finalidades ilegales, prohibidas incluso expresamente por el Tribunal Constitucional, evidentemente reduce los recursos públicos, e impide destinar estos fondos a otras finalidades legales, con un perjuicio social evidente.No todos los partícipes en el golpe en Cataluña pudieron haber cometido malversación, sólo aquellos que podían disponer y ordenar fondos públicos.

Por esa razón, los miembros de la mesa del Parlament que desobedecieron sistemáticamente al Tribunal Constitucional, y además violaron los derechos de los parlamentarios, no han sido acusados de malversación, aunque sí, obviamente, de otros delitos.

Más allá de eso, no basta la posibilidad de disponer de los fondos y la participación en el golpe, sino que es preciso determinar actuaciones concretas en las que se administró deslealmente el dinero de todos los catalanes.

En este sentido, las criticables, y a mi juicio, profundamente erróneas manifestaciones del Ministro de Hacienda en sede parlamentaria, el pasado 31 de agosto, señalando que no se había destinado "ni un euro" a la organización del, ilegal, referéndum separatistas del 1 de octubre no pueden considerarse como una prueba. En realidad, las declaraciones de Montoro se derivaban de los certificados que semanalmente le remitía el ex vicepresidente Oriol Junqueras, uno de los principales procesados en la trama del golpe a la democracia en Cataluña. Estos certificados los firmaban los interventores de la Generalitat, y la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, firmaba un certificado general de que no se destinaban fondos a actividades ilegales, y específicamente a la financiación del referéndum separatista.

No creo que estuviese al alcance de nadie certificar algo así: es imposible conocer con certeza que no se está realizando una actividad de unos millones de euros, dentro del sector público autonómico más grande de España, cuyo presupuesto excede, en su conjunto, de los 30.000 millones de euros. Además, es ingenuo considerar que si los cargos políticos hubiesen destinado partidas al procés per la indepéndencia, se hubiesen denunciado a sí mismos al ministerio de Hacienda del gobierno de España.

En cualquier caso, lo que me parece simplemente incomprensible es haber mantenido a la misma Interventora General, Rosa Vidal, que nombró Oriol Junqueras, y que además el propio Ministro Portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, anunció que el Gobierno denunciaría a la Fiscalía por desobediencia. Desde Ciudadanos creemos que había que enviar una misión de control de la Intervención General de la Administración del Estado a Barcelona, como está previsto en la normativa del FLA, para controlar los fondos públicos y sobre todo seguir el rastro del dinero. Eso lo solicitamos formalmente en agosto, y seguimos sin entender por qué no se haya hecho. Muchísimo menos entendemos que no se haya renovado la cúpula de la administración de la Generalitat, empezando por cargos clave como la Interventora General.

Resulta clave detallar estas operaciones en las que se administró deslealmente el dinero de los catalanes, e incluso, posiblemente a través del FLA, de todos los españoles. No sólo es una cuestión de ética elemental, que los ciudadanos no financien con sus impuestos un golpe contra la democracia, sino que se ha tornado vital para exigir responsabilidades judiciales a quienes incumplieron las leyes. Queda mucho por hacer, y el Gobierno no se puede conformar con haber aplicado el artículo 155 un mes después de que Ciudadanos le instase a hacerlo: hay que aplicar las leyes, y hay que investigar, siguiendo el rastro del dinero.

Por Francisco de la Torre Díaz. Inspector de Hacienda, diputado de Ciudadanos y presidente de la comisión de Presupuestos del Congreso

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