Un sistema fiscal vale en la medida en que lo hace la Administración Tributaria encargada de gestionarlo. Además, también resulta evidente que una Administración Tributaria para obtener resultados necesita medios. Estos medios son humanos y presupuestarios, pero también, especialmente recursos humanos.
La Agencia Tributaria española es una de las más pequeñas de la OCDE. Según datos de 2011, que recogí en mi libro ¿Hacienda somos todos?, por cada euro que España invertía en lucha contra el fraude fiscal, Alemania empleaba más de cinco. Por otra parte, entonces había en la Agencia Tributaria cerca de 28.000 empleados públicos, frente a más de 66.000 en el Reino Unido, 110.000 en Alemania o 117.650 en Francia. Con esta diferencia de medios, no es posible obtener los mismos resultados.
Esto no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado sustancialmente. Al finalizar 2015, la Agencia Tributaria tenía 25.429 empleados públicos, 2.200 menos que cuatro años antes. También el presupuesto, después de los recortes tanto del PP como del PSOE, era inferior al de antes de la crisis. Sin embargo, la inversión en lucha contra el fraude es muy rentable. Sólo la recaudación directa de cada euro invertido en luchar contra el fraude es más de diez veces superior a la inversión realizada, sin contar los efectos inducidos en mejor cumplimiento voluntario.
En Ciudadanos no comprendíamos la política seguida por el PSOE primero, y por el PP después. Nosotros creemos en el cumplimiento de las leyes, y sobre todo, pensamos que dejar progresivamente sin medios y sin capacidad operativa a la Agencia Tributaria, en medio de una crisis fiscal, no es precisamente una política sensata. Por eso en todos nuestros acuerdos con el PP y el PSOE incluimos una mayor dotación de medios en la lucha contra el fraude fiscal y laboral. Además, para hacerlo efectivo, incluimos un incremento en la dotación a la Agencia Tributaria de 100 millones de euros, más de un 11 por ciento, en el presupuesto de 2017.
Según la última memoria, la Agencia Tributaria destina el 73,8 por ciento de sus recursos al gasto de personal. Por esa razón, para emplear el presupuesto, y sobre todo para mejorar la capacidad operativa de la Agencia Tributaria era imprescindible y urgente que pudiese seleccionar más personal, es decir que comenzase a recuperar una parte del personal que fue perdiendo en los últimos años. Sin embargo, en el presupuesto de 2017 se incluía una limitación para la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, para que no pudiesen reponer más que el 100 por ciento de las bajas.
Por esa razón, desde Ciudadanos presentamos una única enmienda en el Senado para incrementar en 1.000 los funcionarios en la Agencia Tributaria. Además, también promovíamos mejoras en los instrumentos de recursos humanos para mejorar la capacidad operativa de la Agencia Tributaria. Evidentemente, la enmienda no prosperó por el voto en contra del PP que tiene mayoría absoluta en el Senado.
Sin embargo, hace dos semanas, el ministro Montoro, en su comparecencia para dar explicaciones por la amnistía fiscal, señaló que el incremento de medios en la Agencia Tributaria vendría próximamente al Congreso mediante Decreto Ley. Efectivamente, el pasado viernes 8 de julio, el Gobierno aprobó el Decreto Ley 13/2017, de oferta de empleo público extraordinaria para la lucha contra el fraude fiscal y laboral. Además, el Decreto Ley incluye también incrementos urgentes de plantilla en dos sectores que están atravesando problemas: las oficinas del DNI y los examinadores de tráfico.
Por otra parte, respecto de la Agencia Tributaria, el Decreto Ley de oferta extraordinaria de empleo público incluye una cláusula, a iniciativa de Ciudadanos, por la que se mandata a la Agencia Tributaria para que diseñe nuevos instrumentos de ordenación de recursos humanos con el objetivo de incrementar su capacidad operativa y funcional, potenciando con ello la lucha contra el fraude fiscal.
Como ya conocerá el lector, el Congreso convalidó el pasado martes este Real Decreto Ley, poniendo fin a siete años de recortes de personal en la lucha contra el fraude. Es una de las tres grandes rectificaciones de la política fiscal que realizó el PP a partir de 2012. Esta política consistió en aumentar, como nunca, los impuestos a los contribuyentes honestos, amnistiar a los defraudadores, poniendo la guinda con los recortes en la lucha contra el fraude. El Tribunal Constitucional declaró hace poco la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal. Era lo que algunos habíamos avisado desde el mismo día que se conoció esta vergonzosa medida hace ya cinco años. Por otra parte, el Decreto Ley de oferta de empleo público supone que, por el contrario, llegan los refuerzos en la lucha contra el fraude.
El otro gran logro de Ciudadanos es que después de siete años de subidas de impuestos, que comenzaron con el PSOE en 2010, y que se incrementaron de forma drástica con el PP en 2012 y 2013, llega por fin un alivio fiscal: la primera rebaja de impuestos en mucho tiempo. Pero esa cuestión, que ya hemos adelantado en estas páginas, la comentaremos en profundidad en otra ocasión.
Ahora entra en vigor un imprescindible y urgente aumento de medios en la lucha contra el fraude y para el control del gasto público. Es una medida importante que también supone un cambio de 180 grados de una política equivocada. Equivocada por muchas razones, pero la principal es que iba en dirección contraria a lo que debe ser el principio fundamental de la política antifraude: convencer a los españoles de que deben pagar sus impuestos.
Por Francisco de la Torre Díaz. Inspector de Hacienda del Estado, diputado y responsable de Hacienda de Ciudadanos.