El fraude fiscal nos perjudica a todos. Lo que no pagan los defraudadores, lo acabamos pagando todos. No sólo hay que luchar contra el fraude por una cuestión de justicia, sino también por razones recaudatorias. Tenemos una situación fiscal complicada para el próximo año, ya que estamos obligados a reducir el déficit desde el 4,6 por ciento de este año hasta el 3,1 por ciento de 2017. Sin embargo, en esta cuestión se están intentando vender como medidas antifraude algunas cosas que no lo son. Esto puede ser contraproducente, porque para recaudar y para luchar contra el fraude no sólo dependemos de poner más medios, y no menos como han hecho los últimos Gobiernos, sino de la conciencia fiscal de los españoles. No podemos poner un inspector de Hacienda detrás de cada español.
El caso más obvio es que el ministro de Hacienda haya conceptuado como medidas antifraude el endurecimiento de los aplazamientos tributarios. Evidentemente, puede haber, y de hecho hay, fraude en la vía recaudatoria. Esto quiere decir que hay defraudadores que sí declaran, pero luego, voluntariamente, no pagan. De hecho, en ocasiones, fabrican sociedades sin bienes, y con administradores ilocalizados e insolventes, para que estas sociedades declaren, pero no ingresen. A menudo, lo que son ingresos e IVA repercutido para una sociedad, son gastos deducibles y devoluciones de IVA para otra. En consecuencia, la Hacienda Pública se ha enfrentado a devoluciones de impuestos que no se han ingresado. No hay apenas diferencia entre estos casos, de tramas de defraudación de IVA por ejemplo, y meter mano en la caja del Estado.
Para ello, en el fraude en fase recaudatoria normalmente se presentan declaraciones manifestando imposibilidad de pago. En ocasiones, lo que hacen estos defraudadores es solicitar aplazamientos, confundiéndose, o intentándolo, con la gran masa de contribuyentes que lo único que tienen es una dificultad transitoria de tesorería. Aunque parezca que prohibir todos los aplazamientos es una forma de cortar por lo sano, del estilo de "muerto el perro se acabó la rabia", ni siquiera esto es verdad. Aunque se prohibiesen todos los aplazamientos, el fraude en vía recaudatoria no se ve prácticamente afectado, ya que se declara, no se ingresa, y lo único que ocurre es que Hacienda empezará a embargar lo que pueda un poco antes.
Hemos hablado de prohibir todos los aplazamientos; esto no es así, pero se acerca bastante. La mayor parte de los impuestos los ingresan las empresas, y con el Real Decreto Ley 3/2016, desde el 1 de enero, casi todos los impuestos serán inaplazables. Así, el IRPF lo ingresan vía retenciones las empresas. Evidentemente, estas retenciones se han descontado del salario de los trabajadores, por lo que la deuda no debería ser aplazable. Hasta ahora había un régimen muy restrictivo, ahora todas pasan a ser absolutamente inaplazables sin excepciones.
En el caso del IVA, la empresa que repercute, para conseguir que Hacienda estudie su caso, deberá probar que no ha cobrado las cuotas. Evidentemente, le estamos exigiendo a las empresas una prueba de que algo no ha pasado, lo que se suele denominar una prueba diabólica. En algunos supuestos, como ventas en efectivo a consumidores, estamos hablando de una prueba imposible. En otras ocasiones, si el comprador no quiere admitir que la factura está pendiente, el vendedor no habrá cobrado, pero tendrá que ingresar, con un recargo del 20 por ciento por haber intentado aplazar la deuda con Hacienda. En España padecemos un elevado nivel de litigiosidad, y sobre todo un nivel elevado de morosidad, o si lo prefieren elevados plazos de pago, tanto de algunas grandes empresas como de las Administraciones Públicas. Además, como todos sabemos, el proyecto de IVA de caja, de pagar el IVA cuando se ingrese, ha sido un absoluto fracaso. En estas condiciones, hacer prácticamente inaplazable el IVA, y de paso los impuestos especiales, no parece una buena idea.
Por si esto fuera poco, los pagos fraccionados, que son un 90 por ciento de los ingresos del Impuesto de Sociedades, también serán inaplazables. A esto tampoco se le encuentra ninguna justificación, más allá del crecimiento de solicitudes de aplazamiento en el último pago fraccionado. Obviamente, todas las empresas que facturan más de diez millones de euros vieron incrementado sustancialmente el pago fraccionado del pasado mes de octubre. El plazo terminaba el 20 de octubre, y las empresas pudieron conocer que estaban afectadas, tres horas antes de que comenzase el plazo, a las 21 horas del 30 de septiembre. Si estas empresas hubiesen tenido algo más de tiempo, muchas de ellas hubiesen podido acceder a la financiación bancaria, que habitualmente es más barata que el 3,75 por ciento que hay que pagar en el caso de los aplazamientos. La imprevisión del Gobierno ya la pagaron las empresas con una financiación más cara; no es una buena idea que, además en estas deudas, el aplazamiento sea imposible legalmente.
En fin, casi todas las deudas tributarias han pasado a ser inaplazables. De hecho, las solicitudes deben ser inadmitidas de plano, lo que significa que los técnicos e inspectores del área de recaudación pierden la competencia de apreciar, en estos supuestos, la situación de tesorería de la empresa, para poder conceder un aplazamiento. De hecho, aún así, lo tendrán que hacer, si la empresa no tiene tesorería puntualmente, pero quiere y puede pagar. Eso sí, lo harán en vía ejecutiva, habiendo incrementado la deuda en un 20 por ciento tras la correspondiente providencia de apremio.
Esta nueva normativa no va a reducir el fraude; e incluso, puede incrementarlo, porque algunos contribuyentes, ante este panorama, pasen de declarar y solicitar aplazamiento, a simplemente no declarar. Lo que sí va a traer este Real Decreto Ley 3/2016, que convierte a los aplazamientos en una especie en peligro de extinción, es nuevas dificultades financieras para las pymes y los autónomos. Con la pretensión de hacer algo más de caja a corto plazo, y no será mucha, el Gobierno está complicando las cosas a buena parte del tejido productivo. No sólo no es una medida antifraude, sino una regulación injusta, y sobre todo un error de política económica.
Por Francisco de la Torre Díaz. Inspector de Hacienda. Diputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso.
