En el último número de Iuris&Lex, al hilo de la reciente sentencia de 18 de marzo de 2015 del Tribunal Constitucional, concluía que una reforma del Impuesto de Sucesiones era inevitable y urgente. De hecho, ya señalaba lo mismo en mi libro ¿Hacienda somos todos? (2014), que una reforma de nuestros 20 Impuestos de Sucesiones era imprescindible.
En consecuencia, no me extrañó que primero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después el Tribunal Supremo y por último, también por unanimidad, el Tribunal Constitucional encontrasen graves defectos de legalidad en el Impuesto. Nuestros actuales 20 Impuestos de Sucesiones son 20 desastres. Sin embargo, desde que empecé a colaborar en el programa económico de Ciudadanos, la pregunta más repetida, especialmente en Madrid es ¿vais a recuperar el Impuesto de Sucesiones?
Esto no deja de ser un mito porque el Impuesto de Sucesiones y Donaciones sigue existiendo en Madrid. De hecho, según los datos de la memoria de la Administración Tributaria de 2012, que son los últimos disponibles, Madrid recaudó 400 millones de euros en el Impuesto de Sucesiones. Curiosamente, Madrid fue la comunidad que más recaudó, llevándose un 20 por ciento de la recaudación total. No está mal para un impuesto que no existe. A primera vista, el dato parece la confirmación de que la curva de Laffer es real: llevando los impuestos casi a cero se recauda muchísimo más. La realidad es que existe una bonificación en la cuota del impuesto de sucesiones del 99 por ciento, pero sólo entre ascendientes y descendientes por línea directa y cónyuges. Si la herencia se percibe de un primo, o no hay parentesco familiar, se puede llegar a pagar más del 80 por ciento. Esto es lo que hay a día de hoy y nadie ha querido cambiarlo, ni desde el Gobierno del Estado, ni desde el autonómico. Obviamente, es de las herencias no bonificadas de dónde está obteniendo la recaudación la Comunidad de Madrid.
Soy de los que cree que una herencia entre padres e hijos debe estar mejor tratada fiscalmente que una herencia entre extraños. Sin embargo, creo que un tipo del 80 por ciento sobre una renta es confiscatorio. Si ya hablamos de un tipo del 80 por ciento sobre un patrimonio acumulado, entonces creo que estamos cerca de un atentado a la libertad y a la propiedad individual.
Lo que ocurre, es que, además, estos impuestos elevadísimos no consiguen recaudar. Evitar este pago es tan sencillo como donar, intervivos o mortis causa, a una fundación o a la Iglesia. Las personas jurídicas tributan por lo que perciben gratuitamente en el impuesto de sociedades y no en el de sucesiones. Pero, además, estas entidades están parcialmente exentas del impuesto, y todas las donaciones que perciben lo están.
Incluso, siendo exóticos, se puede evitar el impuesto de sucesiones y donaciones, donando a un partido político que no tributará por la donación. Aún así esto no exactamente igual ya que los partidos se rigen por una ley distinta, la Ley Orgánica 8/2007.
De acuerdo con la consulta vinculante (CV1197-14) de la Dirección General de Tributos para que estas donaciones estén exentas "deberán cumplir las condiciones reguladas en dicha Ley". De todas formas, aunque la donación no estuviese exenta, el tipo del impuesto de sociedades de los partidos políticos es del 25 por ciento.
Además, como las bonificaciones varían entre comunidades autónomas, y en alguna no existe, la disparidad es brutal. Incluso entre padres e hijos, sobre una misma herencia se puede pagar menos del 1 por ciento o un 40 por ciento. Esto no sólo es injusto, sino que para el Tribunal Constitucional, una diferencia de 100 a uno en el impuesto a pagar, derivada exclusivamente de la residencia en una comunidad autónoma "no es un criterio de reparto razonable de la cargas públicas". Esta situación está provocando deslocalizaciones reales y ficticias para evitar el impuesto, con un gravísimo perjuicio a la eficiencia económica.
Para solucionar este caos, Ciudadanos propone una reforma en profundidad del Impuesto. En primer lugar, queremos ampliar las exenciones de las clases medias en todas las comunidades autónomas. Con nuestra propuesta estarían exentos 1.000.000 por hijo o cónyuge, la vivienda habitual, y los pequeños negocios familiares. Esto deja fuera del impuesto a un porcentaje muy elevado de las herencias y permite concentrar el control en las grandes herencias. En segundo lugar, proponemos unos tipos más bajos, porque los actuales son excesivamente elevados, especialmente tras la aplicación de los coeficientes multiplicadores, y que además no conseguimos cobrarlos. Ambas rebajas se financiarían con la imposición sobre las grandes herencias que actualmente prácticamente no tributan nada. La reforma que proponemos, limita, además, la capacidad para subir y bajar el impuesto de las comunidades autónomas, que claramente han abusado de ella. Por todo eso creemos que en sucesiones, como en el resto de nuestra reforma fiscal conseguimos recaudar de forma más sencilla, justa y eficiente.
En cualquier caso, el impuesto es necesario y no proponemos su supresión, sino su reforma. Aquí hay tres razones, una primera, presupuestaria: eliminar el impuesto es acometer 2.000 millones de euros en recortes en sanidad y educación, o subir los impuestos a los que ya los pagan por otros conceptos.
En segundo lugar, hay que reforzar el control patrimonial. En tercer lugar, en Ciudadanos creemos en la meritocracia, y por tanto, consideramos que no es aceptable que herencias de miles de millones de euros no tributen nada.
Si el gran poder económico sólo se consigue por herencia, que no tributa nada, y no por el mérito y el trabajo, sometido a una fortísima imposición en el IRPF, ¿qué tenemos capitalismo o feudalismo? Por encima de todo, ¿esto es aceptable o hay que promover un cambio sensato?
Por Francisco de la Torre Díaz. Inspector de Hacienda del Estado. Autor del libro ¿Hacienda somos todos?
