En la actual situación de crisis económica, muchos empresarios se resisten a pronunciar las tres temidas palabras: concurso de acreedores. La nueva moratoria aprobada por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 34/20201 retrasa hasta marzo de 2021 la obligación de declararse en concurso de manera voluntaria. Estas nuevas medidas van a fomentar que muchos empresarios asuman, de forma errónea, que cuanto más tarde se declare la insolvencia, mejor. Pero nada más lejos de la realidad.
Cuando hablamos de empresas, las famosas palabras del gran poeta y filósofo Aulio Persio, "Vincit qui patitur" o, "el que resiste gana", parafraseando al gran Camilo José Cela, no siempre se cumplen. Aunque parezca paradójico, saber plantarse a tiempo puede ser el mejor remedio para nuestro negocio y la vía para tener una segunda oportunidad.
En muchas ocasiones nos encontramos con que una empresa es viable, pero no puede hacer frente a la totalidad de pagos que adeuda y lo que precisa es una reorganización. Es decir, lo que necesita es declararse en concurso. Así, la Ley le protegerá ante sus acreedores para evitar embargos y ejecuciones que le impidan precisamente ese reajuste y, por tanto, su supervivencia.
El tiempo importa
El concurso de acreedores puede hacer que se mantenga viva la actividad si se declara a tiempo, cuando la empresa tiene valor, tanto inmaterial por el servicio que presta, como material, en forma de puestos de trabajo, maquinaria, espacios… Esto se traduce en más posibilidades de vender la unidad productiva de la empresa o alguna de sus divisiones y obtener un precio superior y, por consiguiente, poder hacer frente a las deudas de acreedores.
Ante una situación de crisis transitoria, resistir si no hay un plan de viabilidad lógico, si no hay algún tipo de solución a la deuda, y el coste financiero lo único que hace es incrementarse cada mes, conduce a una pérdida de posibilidades reales de poder salvar la compañía. En este sentido, la estrategia de "dar hilo a la cometa" que erróneamente está promoviendo el Gobierno con sus medidas, lejos de evitar la debacle empresarial que se avecina, va a agravar sus consecuencias, retrasando aun más la posible recuperación.
Imaginemos, por ejemplo, que una empresa se encuentra en situación de insolvencia agravada por la covid19. Comunicar la apertura de negociaciones con los acreedores prevista en el artículo 583 del Texto Refundido de la Ley Concursal permitiría poder negociar mejor una refinanciación; en caso de no llegarse a un acuerdo, la propia declaración de concurso, acompañada de un plan de viabilidad claro, permitiría intentar vender alguna de sus divisiones o áreas y salvar así la actividad empresarial, puestos de trabajo y todo el valor creado. En el peor escenario posible, si la declaración de concurso se solicita a tiempo, se podría permitir la venta de la unidad productiva a un tercero salvando puestos de trabajo y permitiendo incluso el pago a los acreedores. Si por el contrario se opta por demorar la declaración del concurso, aun a sabiendas de que es la única solución posible, se estaría incurriendo en el error de destruir el valor que puede tener la empresa, agravando la situación de insolvencia, y perjudicando el funcionamiento de las divisiones que van bien y son solventes para compensar a las que van mal. Al final, su supervivencia se vería gravemente comprometida.
La percepción de que entrar en concurso de acreedores supone el cierre de una empresa no es errónea si atendemos a los datos: en España, el 95% de concursos terminan en liquidación. Pero también es cierto que el afán empresarial de resistir hasta el final hace muy difícil ayudar a empresas que, de haberse declarado en concurso con tiempo suficiente, gozarían de otra oportunidad. Esto sucede por ejemplo en Estados Unidos con el mecanismo conocido como Chapter 11, al que se acogen las empresas tan pronto prevén una insolvencia inminente para poder reorganizar sus deudas.
Las autoridades deberían favorecer que las empresas que tengan problemas de solvencia se declaren en concurso, en vez de confundirles con moratorias que, en la gran mayoría de los casos, van a empeorar su situación y sus opciones.
La nueva suspensión de la obligación de presentar el concurso, si no va acompañada de otro tipo de apoyos institucionales e inyecciones de capital para las empresas, parece una medida pensada para ayudar a los tribunales ante el colapso que les viene encima, más que para facilitar la supervivencia real de empresas con problemas transitorios de solvencia. En caso contrario no tiene ninguna lógica.
Si queremos cambiar la percepción de que entrar en concurso es sinónimo de liquidación, es necesario que la resistencia a cualquier precio deje de ser la gran virtud del mundo empresarial.
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