Opinion legal

La democrática 'presunción de inocencia' ha muerto

Irene Montero, ministra de Igualdad, y Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales. EFE

Derribar la Monarquía española se ha convertido en el primer objetivo para el marketing político de Unidas Podemos, independentistas catalanes y EH Bildu.

La Familia Real se ha convertido en el objetivo de estas y de otras formaciones de menor peso, pero de claras añoranzas de un sistema republicano.

Las declaraciones de la ministra de Igualdad a la que se le hace muy difícil separar los casos de corrupción de los Borbones de la institución monárquica, haciendo un totus revolutum dentro de la Familia Real y saltándose, a pesar su puesto institucional en el Gobierno, el respeto democrático a la presunción de inocencia, al que cada ciudadano español tiene derecho, por muy villano que pueda aparentar ser.

Esta negativa la coloca en una difícil postura, puesto que una parte de su familia está bajo sospecha de haber hecho de las suyas con la tarjeta del teléfono de una colaboradora por lo que puede acabar imputado.

Y, claro, con la falta de presunción de inocencia y con las pocas luces de no distinguir entre las actuaciones de unos ciudadanos y de otros, pues podría decirse, que no se pueden distinguir las presuntas actuaciones irregulares de la familia Iglesias y, por tanto, de la cúpula de UP.

Es más, con la falta de presunción de inocencia y con las pocas luces de no distinguir entre los miembros del Gobierno podríamos decir que todos los integrantes del Ejecutivo están presuntamente salpicados de corrupción y por tanto habría que desterrar a este Gobierno y quitarle sus oropeles.

La sociedad tiene unas reglas que hay que respetar, eso es la democracia, y jugar a saltárselas no genera más que inseguridad y crispación. Las sociedades de casta como ocurría en la Edad Media con la Inquisición o sin ir tan lejos, en las dictaduras, han manipulado el Derecho para ajustarlo a la medida de sus deseos, produciendo sociedades injustas.

Y lo malo no es que sea una actitud propia de la ministra de Igualdad, sino que no hay más que ver que en Unidas Podemos cumplen lo que a todas luces es una estrategia: la presunción de inocencia ha muerto.

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