El Día Internacional de los Trabajadores debe servirnos para rendir homenaje a todos aquellos y aquellas que con su esfuerzo, y algunos incluso hasta con el sacrificio de su propia vida, han hecho posible que hoy tengamos un elenco de derechos laborales que son el máximo exponente de las conquistas sociales que sustentan nuestro Estado del Bienestar.
Precisamente, esa valentía mostrada en el pasado, debe inspirarnos hoy, más que nunca, para reivindicar y exigir a las Instituciones las respuestas que requieren el momento excepcional e histórico que estamos viviendo, pues estas serán las que marcarán las diferencias del modelo de sociedad que dejemos como legado a las futuras generaciones de trabajadores y trabajadoras.
"El contrato indefinido es aquel que debe celebrarse con carácter general, quedando vedada la temporalidad a aquellos casos en los que efectivamente exista una causa que lo justifique"
El Gobierno, desde que declarara el estado de alarma el pasado 14 de marzo, ha desarrollado una ingente actividad normativa motivada por unas evidentes razones de urgencia, en la que con acierto ha intentado primar la conservación de los puestos de trabajo para proteger a las familias, los autónomos y las pymes, articulando varios mecanismos para mitigar un impacto económico cuyo alcance resulta todavía difícil de medir.
Sin embargo, no podemos dejar de señalar que nuestro país aún no se ha recuperado de las heridas causadas por la crisis financiera del año 2008, en la que se adoptaron unas medidas basadas en la moderación del gasto público y la contención presupuestaria, recetas que el tiempo se ha encargado de demostrar que no han funcionado de acuerdo con los fines sociales previstos en la Constitución.
Así, esta emergencia sanitaria ha evidenciado la necesidad de un cambio de rumbo con el fin de reforzar las estructuras más básicas de nuestra nación, empezando por la calidad del empleo.
Conviene recordar que en nuestro sistema laboral el contrato indefinido es aquel que debe celebrarse con carácter general, quedando vedada la temporalidad a aquellos casos en los que efectivamente exista una causa que justifique que éste pueda suscribirse con una duración determinada.
"Esta falta de estabilidad laboral la están sufriendo aquellas y aquellos a los que hoy se les aplaude por su merecida condición de héroes"
A pesar de esto, las cifras de los contratos temporales que se celebran en nuestro país giran en torno al 90%, lo que pone de manifiesto que España tiene un problema de carácter estructural al que urge buscarle solución por una cuestión de dignidad y de derechos humanos; habiéndose puesto de manifiesto con esta crisis, una vez más, que nuestro sistema de contratación es débil, pues lo que tenía que ser la excepción se ha convertido de manera intolerable en la norma.
Y tanto o más grave resulta el aspecto de que esta precariedad y esta falta de estabilidad laboral la están sufriendo aquellas y aquellos a los que hoy se les aplaude por su merecida condición de héroes, precisamente por estar en primera línea garantizando la prestación de los servicios esenciales y demostrar un compromiso sin parangón.
"No debemos volver a reproducir recortes en ámbitos tan esenciales como la sanidad, la investigación científica o la justicia"
Todos ellos han seguido desempeñando su labor bajo el elemento común de unas circunstancias inadecuadas e insuficientes, que en un ejercicio de responsabilidad colectiva, debemos revertir en cumplimiento del compromiso internacional al que nos debemos en los términos que se recogen en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y que, por su contenido, trasciende más allá de la legalidad formal del precepto. No en vano, se consagra algo tan básico y fundamental como el derecho que tiene toda persona de un trabajo en unas condiciones dignas, equitativas y satisfactorias.
Por eso, no debemos volver a reproducir recortes en ámbitos tan esenciales como la sanidad, la investigación científica o la justicia, pues sin duda estamos ante unos servicios que deben ser tratados de manera urgente como una inversión prioritaria dado los enormes beneficios que éstos reportan en interés de la ciudadanía, por tratarse precisamente de los resortes que permiten la materialización de un auténtico Estado Social.
La misma consideración debe recibir la tecnología, que ha hecho posible que muchas empresas y administraciones pudieran seguir prestando sus servicios adaptando sus estructuras para operar a través del trabajo a distancia.
No obstante, y pese a que el legislador estableció rápidamente el teletrabajo como sistema preferente -concretamente en el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo- esta crisis no tardaría en poner de manifiesto que no todas las administraciones han podido desarrollar su labor con la intensidad que sería deseable, de acuerdo con las posibilidades que nos ofrece la técnica actual cuando ésta se acompaña con una dotación presupuestaria suficiente.
En ese sentido, no podemos dejar de preguntarnos si con un mayor desarrollo tecnológico de algunas administraciones, se hubieran podido resolver de una manera más ágil el ingente volumen de EREs y ERTEs, que han afectado a más de 3,5 millones de personas trabajadoras que aguardan con preocupación y angustia la llegada de una prestación.
O cuál habría sido el escenario de haber contado los juzgados y tribunales con un expediente judicial electrónico, teniendo en cuenta que del buen funcionamiento de la Administración de Justicia depende el sustento de muchas familias así como la buena marcha de la economía.
La ciudadanía reclama medidas que vayan acompañadas de cuantos recursos materiales y humanos resulten necesarios, así como de una inversión valiente que tenga como propósito la realización efectiva de aquellos derechos que por su carácter fundamental están ligados a la condición inherente de todo ser humano y que, como tal, han sido definidos como inalienables, inamovibles e imprescriptibles.
Por eso, no podemos permitir que los trabajadores y las trabajadoras vuelvan a sufrir la inseguridad jurídica de recibir una respuesta lenta por culpa de un sistema de justicia colapsado y aún resentido por los recortes, precisamente en un momento en el cual se requieren de soluciones rápidas para sortear la excepcionalidad de esta situación.
Ante este escenario, la transformación digital del país se convierte por tanto en una necesidad inaplazable que debe ponerse al servicio de las personas trabajadoras; pues el refuerzo de los derechos individuales nos permite, sin duda, hacer frente como sociedad a los grandes desafíos que nos depara el Siglo XXI, dejando así a quienes nos sucederán el testimonio de un desarrollo sostenible, sin olvidar la finalidad última de la humanidad en los términos a los que se refirió John Locke, "la ocupación del hombre es ser feliz".
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