Vivimos días muy difíciles. De todos es sabido que con motivo de la evolución de la situación provocada por el coronavirus (COVID-19) y para poder gestionar la crisis sanitaria y social actual, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el Estado de Alarma.
Este Decreto ha entrado en la vida de todos los españoles, regulando y limitando derechos fundamentales, tanto del ámbito personal como público.
El mundo procesal, el de los Juzgados, esos lugares en los que se imparte Justicia, también se ha visto salpicado por este Decreto, con la suspensión de plazos procesales, suspensión de términos y la suspensión de plazos de prescripción y caducidad.
Además de lo anterior el pasado miércoles, día 18 de marzo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial decidió paralizar totalmente la actividad de los Juzgados al establecer que mientras se mantenga el estado de alarma solo procede la presentación de escritos de forma telemática (LexNET) y en aquellos casos que tengan por objeto, única y exclusivamente, actuaciones procesales declaradas urgentes e inaplazables.
Todo lo anterior ha supuesto una parálisis judicial difícil de entender en el siglo en el que nos encontramos. Se ha producido la conculcación del derecho a la tutela judicial consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que tal y como ha declarado el Tribunal Supremo, constituye uno de los derechos fundamentales "que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano".
Tampoco podemos conculcar el derecho a la salud de todos los españoles. Y es por eso que debemos mostrar todo nuestro apoyo a los funcionarios de la Administración de Justicia y denunciar, junto a ellos, las malas condiciones que vienen sufriendo y el riesgo que están corriendo por la falta de medios de protección para la realización de su trabajo.
La digitalización que nunca fue
Ante la desprotección de los funcionarios y profesionales jurídicos, es momento de garantizar el acceso no presencial a los juzgados y permitir la presentación de escritos y trámites procesales por medios telemáticos.
Más teniendo en cuenta que desde el año 2011 se vienen realizando avances muy importantes en el mundo judicial para adaptarse a las nuevas tecnologías.
Así, se creó la Nueva Oficina Judicial y el Expediente Judicial Electrónico como herramientas determinantes en esta nueva era judicial.
Después, y simplificando mucho, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil a raíz de la Ley 42/15, de 5 de octubre que obliga a los operadores jurídicos y a los órganos judiciales a que empleen los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y para la realización de actos de comunicación procesal. Se nos anunció que llegó la era del "papel cero" a la Administración de Justicia.
Hoy podemos afirmar que todo ello es tiempo perdido, hemos dejado pasar una gran oportunidad para hacer realidad la modernización de la justicia y lograr que toda esta información se transmita a las partes procesales mediante las llamadas TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación). Hemos vuelto al siglo anterior.
Es más, si seguimos las recomendaciones de las autoridades sanitarias se ha de reducir al máximo los desplazamientos y las relaciones físicas, por lo que se han de utilizar los medios telemáticos, tal y como recoge el art. 230.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando establece que "5. Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses se relacionarán obligatoriamente con la Administración de Justicia, cuando así se establezca en las normas procesales, a través de los medios técnicos (…)".
Los medios se hacen eco de que el Ministerio de Justicia ha reforzado al colectivo de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y otros cuerpos del territorio que gestiona con 4.000 equipos de teletrabajo, para asegurar la continuidad de su actividad durante la fase de contención de la pandemia del coronavirus.
Si tenemos en cuenta que según la Estadística Judicial publicada por el CGPJ en el año 2018 la plantilla de funcionarios judiciales era de 39.058 personas, letrados de la Administración de Justicia 4.209 y 5.551 jueces, no es posible pensar que con la medida adoptada se pueda paliar absolutamente nada.
Abogados autónomos
Por otro lado, al paralizar la Justicia, los poderes públicos han podido generar sin quererlo un impacto económico negativo que con el teletrabajo no se habría producido. El hecho de que no haya actividad provoca que muchos abogados autónomos se puedan quedar sin ingresos o que algunas empresas y bufetes se vean obligadas a poner en marcha un ERTE.
Lo razonable desde un punto de vista de minimizar el impacto económico del COVD-19 es impulsar el teletrabajo. El Real Decreto sobre el Estado de Alarma insta a que se fomente esta fórmula del trabajo remoto, pero el Ministerio de Justicia no lo ha impulsado como debiera.
Manos a la obra
Con esta insatisfactoria respuesta del Ministerio en este estado de crisis, propicio para hacer grandes cambios, se ha perdido la oportunidad de culminar la auténtica digitalización de la justicia.
Pero no todo son malas noticias. Por el contrario, desde el sector privado aceptamos el reto y ponemos a disposición de los clientes toda nuestra experiencia y conocimiento en el uso de los más modernos sistemas tecnológicos para paliar esta situación de atasco del sistema judicial, preparándonos para la automatización de la presentación telemática de escritos, demandas, etc., en un tiempo récord que permita recuperar, en parte, el tiempo perdido durante este periodo de confinamiento obligado…
Los avances tecnológicos, así como los innovadores sistemas y herramientas que hoy se encuentran en el mercado se ponen a disposición de las necesidades legales para permitir prestar un servicio jurídico integral (preparación documental para la judicialización de cada caso, servicio letrado y el servicio de procura), de forma segura y rápida, minimizando la posibilidad de los errores humanos y enviando informes periódicos a cada cliente del estado de su cartera.
Para ello, existe un nutrido número de profesionales y especialistas en cada ámbito que están trabajando desde sus hogares y cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sin poner en riesgo la salud de ningún profesional, para ofrecer un servicio con plenas garantías.
Ahora, falta que desde el Ministerio de Justicia se faciliten los medios a los funcionarios de la Administración de Justicia para que, de forma segura, puedan realizar su trabajo, y de esta forma estaremos garantizando el derecho de todos los españoles a la tutela judicial efectiva.
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