
La recaudación fiscal no ha ido como se esperaba en estos cuatro primeros meses. Sin embargo, la lectura del último informe mensual de recaudación es una sucesión de sustos. Por una parte, el último día de plazo, el 22 de abril, era festivo en varias Comunidades Autónomas, lo que llevó a que 5.502 millones de euros, que habitualmente se ingresan en abril, llegasen en mayo a las Arcas del Estado. Pero, incluso corrigiendo esa cuestión, la recaudación fiscal ha caído un 0,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. El dato es pésimo, si tenemos en cuenta que, en el primer trimestre, España estaba creciendo al 0,7 por ciento (es decir un 2,8 por ciento), con un crecimiento de la demanda interna del 3,6 por ciento.
En los presupuestos de 2019, que fueron rechazados por el Congreso, se preveía un incremento de los ingresos fiscales del 9,5 por ciento hasta alcanzar los 227.356 millones. Si seguimos la tendencia de los primeros cuatro meses del año acabaremos con unos ingresos de unos 206.000 millones, lo que supondría un desfase en la previsión de más de 21.000 millones. Es cierto que había incrementos de impuestos, así como creación de otros, pero en total estos impuestos iban a recaudar, según el gobierno -en mi opinión muchísimo menos- 5.654 millones. Es decir que la previsión de la ministra Montero se acabaría desviando más de 15.000 millones de euros, un 1,2 por ciento del PIB (un 1,67 por ciento si no obviamos la subida de impuestos), que iría directamente a déficit.
Ahora que hemos visto a varias ministras que quieren volver a presentar los presupuestos, no estaría de más que volvieran a mirarse los datos, porque lo que algunos habíamos denunciado hasta la saciedad, que los ingresos estaban inflados, se está demostrando que era simplemente la realidad. Aun así, deberíamos esperar una ligera mejora de estos datos en los próximos meses: luego explicaré por qué. Pero, con todo, no vamos a recaudar 227.000 millones, y el desfase va a ser importante. Esto debería llevar al Go-bierno a controlar los gastos, y no a que, como expusimos en el artículo anterior, los gastos discrecionales del Ejecutivo de Sánchez creciesen al 11,1 por ciento en el primer trimestre: este despilfarro no va a quedar cubierto, como hasta ahora, por un buen comportamiento de los ingresos fiscales.
Es cierto que los ingresos brutos, es decir sin contar devoluciones, se han incrementado en este periodo un 3,6 por ciento. A este ritmo de crecimiento deberíamos aproximarnos en los próximos meses, si todo el problema fuese el mayor ritmo de devoluciones que se ha realizado en el primer cuatrimestre. Sin embargo, hay también mayores solicitudes de devolución que en 2018 y algunas son coyunturales, pero otras no. La Agencia Tributaria calcula que, en términos homogéneos, estaríamos recaudando un 3 por ciento más en el primer cuatrimestre que en el del año pasado. Este proceso de homogeneización consiste en varios ajustes, el más importante de los cuáles es ajustar las devoluciones a la que se realizan en una campaña tipo o estándar.
Incluso admitiendo el 3 por ciento como una tasa a las que nos iremos acercando, hay que tener en cuenta un par de factores a la baja. Por una parte, que el crecimiento en España se está ralentizando. Esto es lo que prevén todos los analistas y el propio Gobierno, y por tanto afectará a la recaudación fiscal, que se reducirá. Por otra, hay elementos que llevan a menos recaudación de la prevista. Uno de ellos es la crisis en el impuesto de Sociedades, pero de eso hablaremos otro día. Pero, el elemento más importante es que el gasto final sujeto a IVA está creciendo a solo el 1,8 por ciento. Si no hay variaciones de tipos impositivos, esto es lo que se puede esperar que crezca la recaudación del segundo impuesto más importante. En los presupuestos, la previsión de incremento del IVA era del 11,7 por ciento, cerca de 8.000 millones. Aquí, la ministra Montero defendió que exigir 5.000 millones un mes antes era un ingreso permanente, lo que no es precisamente correcto, por ser suave.
Pero prescindiendo de eso, incluso 3.000 millones de euros de incremento estaban y están fuera de la realidad.
La Comisión Europea, en su último informe sobre España, exige que reduzcamos el déficit estructural. Hasta ahora el Gobierno de Sánchez ha podido esquivar esta cuestión, porque el déficit se reducía debido a que los ingresos fiscales crecían por encima de la actividad económica. Ya no es así: los ingresos, incluso tomando los homogéneos de la Agencia Tributaria, han disminuido su ritmo de crecimiento desde el 5,9 por ciento con el que cerramos 2018 al 3 por ciento (2,9 por ciento en abril). Por otra parte, los gastos de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas están creciendo por encima del 3 por ciento (4,52 por ciento el Estado y 3,28 por ciento el conjunto de las CCAA, según los últimos datos trimestrales).
Recordemos que la inmensa mayoría de los ingresos de las comunidades provienen de los tributos cedidos, IVA, IRPF y especiales, que recauda la Agencia Tributaria. Si el crecimiento de los gastos es superior al crecimiento de los ingresos, cada vez tendremos más déficit y no menos.
En resumen, la recaudación fiscal en este primer cuatrimestre ha caído por primera vez desde 2016, año en el que hubo una importante rebaja fiscal. Hay que confiar en que la recaudación se recupere ligeramente, pero no a los niveles inalcanzables que había previsto el Gobierno de Sánchez. En estas condiciones, continuar o incluso incrementar la indisciplina fiscal, como proponen los socios del PSOE, no debería ser una opción.
También estoy convencido de que la subida fiscal necesaria para cubrir ideas como un ingreso mínimo de 10.000 millones de euros acabarían con un crecimiento económico que hace tiempo que se está desacelerando. España necesita disciplina fiscal y reformas que potencien el crecimiento. Antes ya era necesario, ahora empieza a ser urgente.