Tras diez años de vigilancia especial por parte de las autoridades europeas de sus cuentas públicas, España está, finalmente, fuera del procedimiento de déficit excesivo. Pero ¿qué implicaciones tiene esto? La salida del procedimiento, ¿permite relajar los objetivos fiscales?, ¿ya hemos hecho todo lo que debíamos hacer en materia de disciplina fiscal?, ¿ya hemos conseguido recuperar toda la credibilidad perdida durante la crisis? Veamos cuál es la situación actual de las finanzas públicas.
En 2009, el déficit público alcanzó un máximo del 11 por ciento del PIB. Desde entonces, tras multitud de vicisitudes y de negociaciones con Bruselas para adaptar la senda, éste se ha reducido hasta el 2,5 por ciento en 2018, por debajo de la barrera del 3 por ciento. Y ello es lo que nos ha permitido salir del procedimiento de vigilancia. Pero el objetivo no es situar el déficit por debajo del 3 por ciento en este momento, sino no superar ese límite en cualquier circunstancia, incluida una recesión. Es, por tanto, necesario aprovechar las épocas de expansión para reducir al máximo (o incluso eliminar) el déficit; de esta forma, cuando vuelva una fase bajista del ciclo existirá margen suficiente para que el déficit aumente, pero sin superar ese 3 por ciento.
Es cierto que es difícil que volvamos a ver una crisis de esta magnitud; pero también, que con déficits del entorno del 2 por ciento del PIB es seguro que sobrepasemos la barrera del 3 por ciento en la próxima recesión
Esta precaución, exigida por las normas europeas, es especialmente relevante para el caso de la economía española. En España, durante las recesiones, los ingresos públicos se derrumban y se disparan los gastos, sobre todo, los de desempleo, al destruirse en España, en épocas de crisis, mucho más empleo que en los países de nuestro entorno. Esto es precisamente lo que pasó, de forma muy aguda, en España durante la Gran Recesión. Así, en 2006 y 2007, las Administraciones Públicas españolas presentaban un superávit de 2 puntos de PIB: estábamos en plena burbuja, con un crecimiento extraordinario de los ingresos y una economía muy sobrecalentada. Y apenas dos años después, en 2009, el déficit se situó en un 11 por ciento del PIB, un empeoramiento de 13 puntos de los que casi la mitad fue pérdida de recaudación y algo más de la mitad, aumento de gasto.
Es cierto que es difícil que volvamos a ver una crisis de esta magnitud; pero también, que con déficits del entorno del 2 por ciento del PIB es seguro que sobrepasemos la barrera del 3 por ciento en la próxima recesión. De ahí, la necesidad de reducir el déficit público lo antes posible; y de ahí, la insistencia de Bruselas de que los Estados Miembros, entre ellos España, reduzcan su déficit es-tructural, es decir, el déficit que tendríamos en una situación normal del ciclo, ni recesiva ni expansiva.
En la actualidad las Administraciones deben 1,2 billones de euros, solo unos pocos puntos por debajo del PIB de un año, y gran parte de esa deuda está en manos del BCE y de inversores extranjeros
Pero, además, la reducción del déficit estructural se hace aún más necesaria dado el alto nivel de nuestro endeudamiento público heredado de la crisis. En 2008, la deuda pública española llegó a situarse en torno al 35 por ciento del PIB, menos de 385.000 millones de euros de aquel entonces. Con la crisis y la aparición del déficit público, el endeudamiento se dispara hasta el 100 por ciento del PIB en 2014 y la recuperación sólo consigue reducirlo lentamente. En la actualidad las Administraciones deben 1,2 billones de euros, solo unos pocos puntos por debajo del PIB de un año, y gran parte de esa deuda está en manos del BCE y de inversores extranjeros.
En cualquier país, la sostenibilidad de la deuda pública, y por tanto la confianza de los inversores en el mismo, depende de cuatro parámetros: el volumen inicial de deuda, el nivel del déficit, los tipos de interés y el crecimiento económico.
Cuanto menor sea el volumen inicial de deuda, menor el déficit público, más bajos los tipos de interés y mayor el crecimiento de la economía, más sostenible es la deuda. Lógicamente, lo contrario, la hace más insostenible. En España, hoy, tenemos tipos bajos, crecimiento moderado y un nivel inicial de endeudamiento alto. La principal variable sobre la que podemos influir a corto plazo es el déficit. De no hacerlo, en una situación de menor crecimiento y/o mayores tipos de interés la sostenibilidad de la deuda española y, por tanto, la confianza externa en nuestra economía puede verse gravemente afectada.
Jamás en toda la historia los tipos de interés han estado tan bajos de forma tan continuada, y, por tanto, tenderán a normalizarse
Pero, además, debemos tener en cuenta que, en el futuro, veremos aumentar algunos gastos de forma importante. Uno de estos gastos son los pagos por intereses. Hasta ahora, por la crisis y la frágil recuperación, los tipos se han mantenido en niveles históricamente bajos: la deuda alemana a diez años cotiza con un interés negativo, y la española al mismo plazo paga un interés por debajo del 0,6 por ciento. Pero en algún momento esto dejará de ser así.
Jamás en toda la historia los tipos de interés han estado tan bajos de forma tan continuada, y, por tanto, tenderán a normalizarse. No es lo mismo que esto ocurra con un endeudamiento público del 100 por ciento del PIB que con uno del 60 por ciento. En el primer caso, una subida de un punto de los tipos incrementa el gasto en un punto del PIB y, en el segundo, sólo en 0,6. Valga como referencia que antes de la crisis el bono alemán a 10 años cotizaba al 4 por ciento. Si los tipos de interés volvieran a ese punto, con el endeudamiento actual, el gasto público en intereses se incrementaría en España en unos 25.000 millones de euros anualmente.
Pero es el envejecimiento de la población el principal factor que incrementará el gasto. Fundamentalmente, en dos partidas: una, las pensiones que, revalorizadas en el entorno del IPC, aumenta el gasto a un ritmo de unos 7.000 millones anuales, por encima del PIB nominal. Y la segunda, el gasto en sanidad, la partida de los presupuestos de las Comunidades Autónomas sometida a más presión. Así, el incremento de gasto público debido a factores demográficos elevará poco a poco el gasto estructural de las administraciones.
Como vemos, aún queda mucho por hacer. La salida del procedimiento de déficit excesivo solo es una etapa, aunque importante, en el proceso de la recuperación de la sostenibilidad de las finanzas públicas. En la etapa en la que nos encontramos tenemos la oportunidad de contar, por primera vez, con unas cuentas públicas que mantengan su credibilidad durante las fases recesivas y contribuyan, de esta forma, a mantener la confianza en nuestra economía y a suavizar las recesiones.
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