E l déficit de caja de la Administración General del Estado se ha multiplicado por diez en los cuatro primeros meses de 2019, respecto al mismo periodo del año anterior. Si en 2018 este desfase era de 832 millones de euros entre enero y abril, en 2019 ascendió a 8.496 millones de euros, un 0,68 por ciento del PIB.
El inicio del último informe de la Intervención General de la Administración del Estado, denominado Principales indica- dores de la actividad económica y financiera del Estado, parece salido de una película de terror… Parte del problema tiene una explicación tranquilizadora: algunos de los ingresos que habitualmente llegan en abril se han desplazado a mayo, pero solo una parte.
Los datos en términos de contabilidad nacional, que es por lo que nos mide Bruselas, no son tan extremos, pero siguen siendo muy preocupantes. Nuestro déficit público en lugar de reducirse está aumentando. Las causas son bastante simples: gastamos más y no ingresamos más, sino más o menos lo mismo. En estos cuatro primeros meses de 2019, los ingresos de la Administración General del Estado han aumentado un pírrico 0,4 por ciento, mientras que los gastos se han incrementado un 3,8 por ciento. Como señala la Intervención General de la Administración del Estado: "A finales del mes de abril, el déficit del Estado en términos de la contabilidad nacional ha sido de 8.195 millones, cifra superior en un 39,0 por ciento a la registrada en el mismo período de 2018, como consecuencia de un avance del gasto del 3,8 por ciento, no acompañado de mayores ingresos".
Esto ha supuesto que la necesidad de financiación de la Administración General del Estado, el déficit en contabilidad nacional, haya pasado del 0,49 por ciento al 0,65 por ciento del PIB, un incremento del 32 por ciento en términos de PIB en el primer cuatrimestre del año. Es una tendencia que nos debería preocupar, y mucho, porque todo esto sucede mientras hay un crecimiento del 0,7 por ciento en el PIB del primer trimestre (un 2,8 anualizado). Si esta tendencia continúa, y ya llevamos cuatro meses, los datos a final de año implicarían tener más déficit que el que tuvimos en 2018. Francamente, resulta complicado esperar que el Gobierno Sánchez mejore el control del gasto, pero la recaudación fiscal debería mejorar, dado que con este nivel de crecimiento los datos son anormalmente bajos, lo que permitiría mejorar un poco la previsión.
Recientemente, el Banco de España ha estimado que el déficit va a terminar el año alrededor del 2,4 por ciento, con una reducción de unas centésimas, achacable solo al crecimiento económico, mientras se mantendría casi idéntico el déficit nominal. Parece una estimación pesimista, pero ahora mismo el gasto de las Administraciones Pública está creciendo por encima de una recaudación que no aumenta. En estas condiciones, lo esperable es tener más déficit a final de año y no menos.
Si esto sigue así, el Gobierno acabaría con seis años consecutivos, desde 2012, de rebaja del déficit, y sin que estemos precisamente en una recesión. ¿Cómo es posible que el déficit esté fuera de control cuando estamos creciendo casi al 3 por ciento? Esta pregunta tiene dos respuestas: el crecimiento de los gastos y el parón de los ingresos. Por una parte, la Administración General del Estado ha incrementado sus "gastos computables a efectos de la regla de gasto" en el primer trimestre un 11,1 por ciento. Estos gastos son los que representan decisiones discrecionales de gasto (se excluyen intereses, desempleo o transferencias a otras Administraciones, por ejemplo), y el Gobierno de Sánchez simplemente ha disparado el gasto en la Administración del Estado. Este incremento del gasto discrecional ha sido también muy elevado en las CCAA, pero no tanto, alcanzando el 6 por ciento. Si el gasto total no se incrementa tanto es simplemente porque hay gastos, como intereses de la deuda o prestaciones y subsidios por desempleo, que no crecen a este ritmo.
En el próximo artículo hablaremos de los ingresos, pero detengámonos un momento en el incremento del gasto discrecional. La regla de gasto que el Estado impone a los ayuntamientos es que el crecimiento del gasto discrecional no superase en 2019 el 2,7 por ciento. Por supuesto, la cifra se puede discutir, pero un crecimiento del gasto discrecional del 11,1 por ciento es simplemente insostenible: esto es lo que se llama disparar el déficit estructural. Esto solo se puede sostener subiendo masivamente los impuestos. Aunque algunos creemos que ninguna subida de impuestos es suficiente para pagar el gasto sin control.
En fin, todo este panorama es previo a los pactos de investidura de Sánchez con Podemos y con los nacionalistas, que ya están exigiendo todo tipo de incremento de gastos. Aquí destaca el antiguo "socio preferente", Pablo Iglesias, exigiendo, además de ministerios, cuestiones como un ingreso mínimo, que según sus cálculos costaría 10.000 millones de euros anuales. Por cierto, Iglesias está exigiendo ministerios "sociales·, en concreto dos: Trabajo y Hacienda, que, curiosamente, son los que controlan prácticamente todos los ingresos del Estado: las cotizaciones y todos los impuestos. Por otra parte, si la ejecución presupuestaria del Gobierno socialista está dejando muchísimo que desear, dejar no ya Hacienda, sino ministerios de gasto en manos de Podemos, un partido que considera que el gasto público es bueno en sí mismo y fomenta el crecimiento, sería extremadamente preocupante.
Incluso, con independencia de la cuestión de los ministerios, el programa de gastos de Podemos es inasumible. Ni siquiera el propio Iglesias es consciente de la magnitud de las subidas de impuestos para todos los contribuyentes que serían necesarias para financiar su programa de gastos sin pasarnos del 3 por ciento de déficit y volver al protocolo de déficit excesivo. Pensemos que todas las subidas de impuestos del PP en 2012 solo permitieron incrementar la recaudación en 11.300 millones, según datos de la Agencia Tributaria. Porque la otra cara de todo esto es cómo se está comportando la recaudación fiscal, que no está creciendo, y que veremos en el próximo artículo.
Ésta es la situación económica y presupuestaria con la que Sánchez afronta su investidura, a la que desde Ciudadanos nos opondremos, en defensa de los intereses, también económicos, de la mayoría de los españoles.
Entidades
