Algo tan complejo y multidisciplinar como la movilidad requiere una oficina que lo coordine y desarrolle desde el plano estatal.
Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (DGT), reclamó la semana pasada una Ley de movilidad "más pronto que tarde" y "alguien" que la lidere. Lo hizo durante la presentación del libro La movilidad en el trabajo: un reto pendiente, de Manel Ferri. Navarro participó junto con el director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, Joan Herrera, y ambos destacaron en sus intervenciones lo inusual de que el Ministerio del Interior y el destinado a la Transición Ecológica compartieran estrado. Y ambos dijeron echar en falta un representante de Fomento, como mínimo.
La anécdota ilustra las carencias de la gestión de la movilidad en España: aunque es un problema mayor, que afecta a todos los ciudadanos y tan relevante y sensible que pone o quita regidores -que se lo digan a Manuela Carmena-, no hay un ente u organismo de rango estatal que la gestione de un modo integral, abordando las distintas vertientes que ahora están repartidas en varios ministerios, institutos y direcciones generales; unos se encargan de regular el tráfico, otros de establecer restricciones por contaminación, otros de construir infraestructuras, otros de la ordenación del territorio...
En España tenemos una flamante Estrategia Española de Movilidad Sostenible desde 2010, y llegó a haber un borrador de Ley de movilidad sostenible en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, pero acabó subsumido en ese cajón de sastre que es Ley de economía sostenible y nunca más se supo.
Una de los ámbitos en los que más se nota esta carencia de diseño es en la movilidad relacionada con el trabajo. Como señala Ferri, alrededor de un tercio de los desplazamientos son con motivos laborales, casi un tercio de los accidentes de tráfico se producen en el entorno laboral, los atascos cuestan cerca de 850 millones de euros al año a las empresas españolas, pero los escasos planes de movilidad existentes carecen de Planes de Transporte al Trabajo (PTT), que, por ejemplo, establezcan medidas para facilitar del acceso a los 5.000 polígonos industriales del país.
Ferri plantea sin dudarlo que debe crearse una Secretaría de Estado, de movilidad sostenible y segura, "por ejemplo", que se encargase de impulsar una estrategia unificada de movilidad acorde con las directrices europeas y capaz de combinar medidas como los incentivos fiscales para los vehículos de bajas emisiones con directrices de diseño urbanístico.
Esta Secretaría se complementaría con un Observatorio de la movilidad, en el que se integrarían la DGT, y los ministerios de Transición Ecológica, de Salud, de Trabajo y de Fomento, que se encargue de supervisar la aplicación efectiva de las medidas, de un modo similar al Gestor de la movilidad que ya existe en Italia.
