Tras años de negociaciones, el impuesto europeo a las transacciones financieras llegará al Consejo de Ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) este viernes. Durante todo este periplo, los Estados han restado a la ya famosa tasa Tobin gran parte de su alcance, como respuesta lógica a los perjuicios que este gravamen podía causar en un sector clave, si se aplicaba según su diseño original.
Como resultado, los diez Estados que todavía abogan por ella la restringirán a las operaciones con acciones de empresas cuya capitalización bursátil supere los 1.000 millones. Además, su tipo positivo quedará, como máximo, en el 0,3 por ciento. El resultado de todo ello es que la recaudación de hasta 35.000 millones anuales, a escala europea, que sus más optimistas partidarios atribuían a la tasa Tobin será, en el mejor de los casos, diez veces menor. El recorte es especialmente representativo si se considera el caso de España, donde el Gobierno de Pedro Sánchez defiende desde hace meses su eficiencia. Como mucho, este impuesto aportará 498 millones anuales frente a los casi 900 millones que el Ejecutivo esperaba. Se trata de una rebaja grave, considerando que Ha-cienda atribuía a esa tasa un importante rol a la hora de aportar recursos para paliar el déficit de la Seguridad Social.
Ese plan queda ahora en papel mojado como, en su mayor parte, las previsiones fiscales del actual Ejecutivo. Así lo puso de manifiesto la Unión Euoropea en su evaluación del último Programa de Estabilidad de Moncloa. Sin tiempo de aprobar unos nuevos Presupuestos en 2019 y los problemas en los posibles tributos de nueva creación (no sólo la tasa Tobin, sino también la tasa Google), las actuales previsiones fiscales delatan su carencia de base.
