¿El Estado español puede confiar en que la Generalitat no volverá a organizar un golpe de Estado? Esta cuestión va a determinar la sentencia del juicio del procés.
Los dirigentes independentistas catalanes históricamente han manifestado su deslealtad institucional. Intentaron la secesión con la Primera República y no lo consiguieron; volvieron a intentarlo con la Segunda República y también fracasaron; han hecho la tercera intentona con la Mo-narquía Parlamentaria y han vuelto a fracasar.
Una buena parte de la opinión pública considera que van a demostrar que es cierto aquello de que "no hay tres sin cuatro". Vaya, que en la primera ocasión que tengan volverán a realizar otra DUI (Declaración Unilateral de Independencia).
Esta profunda desconfianza en las intenciones de los cabecillas de la operación: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, los Jordis y Carme Forcadell, es lo que ha conducido a la patronal Foment del Treball a exigirles que se comprometan públicamente a dejar de intentarlo. Es la condición sine qua non para que las empresas que se fueron de Cataluña regresen.
Quim Torra, el presidente de la Generalitat, un mandado a las órdenes de Puigdemont, no ha trasgredido en ningún momento la Ley
Esta desconfianza está cimentada en las propias declaraciones de algunos acusados, como Jordi Cuixart durante el juicio, afirmando que no se arrepentía de lo que había hecho y que volvería a repetirlo. El resto no ha sido tan explícito, pero han dejado entrever que ellos piensan más o menos igual.
Sin embargo, los hechos no han ido por esos derroteros. Quim Torra, el presidente de la Generalitat, un mandado a las órdenes de Puigdemont, no ha trasgredido en ningún momento la Ley. Parece haber aprendido la lección y sabe que correría la misma suerte que sus antecesores.
Todos los mensajes confidenciales que mandan presos y huidos al Gobierno presidido por Pedro Sánchez se resumen en "puedes confiar en mí". Es decir, están planteando que si las penas no son muy severas y se consiente que los presos salgan a la calle en un tiempo prudencial y en que los fugados puedan regresar, no volverán a plantear una DUI. El problema es que ya nadie les cree.
A pesar de todo, resolver el encaje de Cataluña en España pasa inexorablemente por recuperar la confianza. Esto exige recomponer los puentes de lealtad mutua. Si bien, como en la película de David Schwimmer, Trust (2010), no siempre se puede confiar en la palabra de los arrepentidos, cuando ésta no va acompañada de una profunda y sincera autocrítica.
Este planteamiento es el que parece haber guiado a la Fiscalía del Estado, que en sus conclusiones considera probado que el 1 de octubre de 2017 hubo un golpe de Estado en España y, en consecuencia, reclama penas de hasta 25 años de prisión para los cabecillas.
Pese a todo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene un planteamiento absolutamente distinto. En privado ha confesado que un país como España, que forma parte de la Unión Europea, no puede ser gestionada teniendo a los dirigentes políticos catalanes en la cárcel. Esta es la razón por la que ha obligado a la Abogacía del Estado a plantear el delito de sedición y malversación de fondos, que implican penas considerablemente inferiores. El presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, se debate entre ambos planteamientos.
La Segunda República fue muy benevolente con el golpe de Estado que organizó el General Sanjurjo, exiliándole a Portugal y pocos años después planeó y ejecutó el Golpe de Estado del 36
Dirigentes políticos como Pablo Casado o Albert Rivera mantienen que la única vez que los independentistas han sido fieles ha sido a Franco, pues solo entienden el lenguaje de la fuerza. Durante los 36 años que duró la Dictadura nunca se planteó una DUI ni nada parecido. Sostienen que un Estado de Derecho puede sobrevivir perfectamente a los secesionismos cuando se aplica la Ley con el máximo rigor.
Como ejemplo un botón, la Segunda República fue muy benevolente con el golpe de Estado que organizó el General Sanjurjo, exiliándole a Portugal y pocos años después planeó y ejecutó el Golpe de Estado del 36.
De acuerdo con este planteamiento, la única solución viable para Cataluña es aplicar la Ley con el máximo rigor, como dice la Fiscalía. Para la izquierda esto supone un gravísimo error histórico. Las dos Españas, de nuevo enfrentadas.
Marchena tiene la última palabra. En su ánimo va a pesar fundamentalmente la desconfianza.
