Si nadie puede opinar, entonces no hay debate. Si los resultados de una investigación económica están sometidos a la censura de un Gobierno, entonces no hay investigación económica. Estas cuestiones elementales parece haberlas olvidado el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, al menos en relación con el Banco de España.
El Banco de España había hecho dos cosas: por una parte, un estudio que cuantificaba los efectos de destrucción de empleo del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). La segunda cuestión fue que el gobernador, Pablo Hernández de Cos, en noviembre del año pasado, respondiese en la Comisión de Economía a las preguntas al respecto de todos los portavoces, incluyendo el del PSOE (y las mías), en estos términos. El incremento del SMI en un 22 por ciento podría costar un 0,8 por ciento del empleo (unos 125.000 puestos de trabajo) en unos términos bastante cuidadosos: "El incremento del salario mínimo en cuantías reducidas tiene poco efecto. Pero tenemos pocas experiencias de subidas altas. Ninguna de un 22 por ciento. Y este impacto limitado se derivaba de que el colectivo afectado era pequeño. Los efectos podrían incluso no ser lineales… No vayamos a lograr lo contrario de lo que pretendíamos y reduzcamos el empleo de aquellos a los que se quería ayudar: los jóvenes".
El martes, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, señalaba: "No digo yo que pidan perdón, como ha dicho ya la ministra, no me voy a meter en esos términos, pero por lo menos reconocer su error. Lo menos que podría hacer el Banco de España es asumir su error". La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio había declarado que "a ver si piden perdón todos esos profetas del desastre". Parece que para el Gobierno en funciones de Sánchez todo el que hace previsiones que no le agradan es un "profeta del desastre", incluyendo al Banco de España, y además deben "reconocer sus errores".
La primera cuestión de estas declaraciones es si las autoras se las aplican. Por ejemplo, la ministra Valerio remitió a la Diputación Permanente del Congreso el Decreto Ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en jornada de trabajo el pasado 3 de abril, en plena campaña electoral. Pues bien, en su intervención, Valerio se-ñaló que el coste del Decreto Ley era de 700 millones de euros. A esto yo le contesté: "Usted dice que el decreto ley cuesta 700 millones, pero leo textualmente: 'El gasto estimado en presupuesto para un año tipo, nada más que del subsidio para menores de cincuenta y dos años, es de 1.340 millones de euros, los cuales para estas 114.000 personas adicionales que tendrían este subsidio se dividirían en 600 millones por la cuantía del subsidio y alrededor de 410 millones para las cuotas de Seguridad Social'. Me gustaría que ya que usted viene aquí y da datos -cosa que se le agradece-, que por lo menos estos datos coincidan con los de la memoria que ustedes mismos traen".
En la memoria del Decreto Ley también se señalaba que el establecimiento del registro de jornada "no incrementaba las cargas burocráticas" ni los costes de las empresas. A esto, yo me limité a preguntar: "¿Cómo?". Ni qué decir tiene que el establecimiento de un registro obligatorio incrementa las cargas burocráticas y sí tiene coste, especialmente gravoso para nuestras pequeñas y medianas empresas.
A estas dos cuestiones, que probablemente eran errores del Gobierno, yo no tuve la suerte de que la ministra, que exige a las instituciones independientes que pidan "perdón", se dignase a responderme, no ya que admitiese la chapuza evidente de sus declaraciones y de la memoria del decreto. Y, en fin, que pidiese perdón a los españoles por incrementar burocracia, costes y multas, para qué vamos a hablar.
La segunda cuestión es si el Banco de España se ha equivocado. Aquí, simplemente no hay forma de saberlo, porque estamos hablando de los efectos de una medida concreta, no de la evolución general del empleo en España. Si el salario mínimo hubiese subido, por ejemplo, el IPC con el que se han actualizado las pensiones, ¿se habría creado más empleo? La respuesta de sentido común es sí, pero la pregunta es: cuánto más. Esto no hay forma de saberlo con un mínimo de certeza hasta que no pase el tiempo y se disponga de más datos.
Hay datos que llaman la atención, como, por ejemplo, que en el primer día hábil siguiente a que se hiciese público el incremento del SMI, el 26 de diciembre, en la Seguridad Social se registrasen 274.000 bajas y 230.000 altas, con un saldo neto de pérdida de 43.000 empleos en una sola jornada. Eso no pasó en los anteriores meses de diciembre de otros años. Por otra parte, en los últimos meses, como ocurre desde 2014, se ha creado empleo, pero en menor medida que en ejercicios pasados. Esto se puede deber a que se está ralentizando el crecimiento o a que han subido algunos costes salariales (como el SMI) y, sobre todo, extrasalariales, como las cotizaciones sociales. En resumen, no es descartable que un incremento más moderado del SMI, y de las cotizaciones sociales que conlleva, hubiese dado lugar al final del año a una mayor creación de empleo en 125.000 personas.
Aun así, el Banco de España podría haberse excedido en la previsión. Sin embargo, lo que no es aceptable es que se tenga que pedir perdón por hacer estudios económicos, y tampoco por responder a los diputados, incluyendo a los del PSOE, en el Congreso. Y en cuanto a "asumir su error", lo mínimo que podría hacer el Gobierno de Sánchez es esperarse a tener datos y estudios para contrarrestar con argumentos y no con descalificaciones.
Por último, mandar callar a los discrepantes denota autoritarismo y falta de argumentos en defensa de las políticas que se han realizado. Espero que el Banco de España siga manteniendo el rigor y la independencia en sus estudios. Y como diputado, espero que el gobernador siga contestando cuando comparece, aunque a mí, a otros diputados o al Gobierno de Sánchez no nos gusten las respuestas. Y espero, ya sé que es mucho pedir, que el Gobierno de Sánchez analice los efectos de las decisiones antes de tomarlas, en lugar de echar la culpa a otros de utilizar datos e investigar
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