El Ministerio de Hacienda aboga por aplicar, a escala nacional, el plan de ahorro sanitario que la Junta de Andalucía desarrolló desde el año 2012. Se trata de un protocolo que la actual ministra en funciones María Jesús Montero conoce muy bien, ya que ella misma se encargó, como consejera andaluza de Salud, de ponerlo en marcha.
Su pilar fundamental radica en la convocatoria de un concurso público para adquirir medicamentos y adjudicar el suministro de fármacos por subasta. Este sistema propicia que el laboratorio que ofrezca el precio más barato sea aquél que se haga con la adjudicación. El método ya ha creado reiterados problemas en Andalucía. Varios de los ganadores (con frecuencia empresas de origen asiático, especialmente indias y chinas) se mostraron incapaces de suministrar las cantidades pactadas en los acuerdos. En consecuencia, hubo problemas de desabastecimiento, incluso de fármacos de uso muy común. Además, este procedimiento de adjudicación impone limitaciones a los tratamientos que los médicos pueden prescribir. No debe extrañar, por tanto, que el nuevo Ejecutivo andaluz trabaje ya para suprimirlo, máxime después de que las subastas recibieran también críticas por parte de la UE. Por todo ello, resulta difícil de entender que Hacienda busque generalizar un sistema así. La racionalización del gasto farmacéutico resulta necesaria y, por ello, deben mantenerse acuerdos como el firmado con Farmaindustria para ligar este desembolso a la evolución del PIB. Lo que de ningún modo está justificado es buscar atajos que no solo se han revelado como económicamente ineficientes. Además, las subastas ponen en riesgo la salud de los pacientes con productos de peor calidad.
