En torno a la Monarquía, en el caso de España, existen dos cuestiones diferentes. Una, que al ligarse con una línea hereditaria continua que llega desde los reyes astures hasta Felipe VI, constituye una vinculación tal con la historia de España que se convierte en un activo de calidad extraordinaria. Y, simultáneamente, esta proyección histórica, como sucede también en Gran Bretaña o en Suecia, convierte a esa historia de reyes sucesivos en una garantía de permanencia de la comunidad política que el monarca rige.
Y esa permanencia garantiza, entre otras cosas, la existencia continua de una sociedad, lo cual, desde el punto de vista del bienestar económico también garantiza la vida activa de un mercado. Sin esos respaldos, el desarrollo de cualquier comunidad nacional sufre continuas agresiones. Y por eso, la Monarquía también crea la permanencia hacia el futuro del mercado del país donde existe un monarca. Añádase a esto, en el caso concreto de España, que la Monarquía amplía el mercado nacional como consecuencia de su permanente prestigio en toda Iberoamérica.
A quien debemos una puntualización definitiva de ese papel clave de la Monarquía es a Ortega y Gasset, en su Prólogo para franceses, situado en esa obra magna que es La rebelión de las masas. Señala el motivo de que se hubiese multitudinariamente conmemorada la coronación entonces del nuevo rey británico con numerosas fiestas y adhesiones, motivado todo ello, para los expertos, porque "la monarquía inglesa es una institución meramente simbólica. Esto es verdad, pero diciéndolo así dejamos escapar lo mejor. Porque, en efecto, la Monarquía no ejerce en el Imperio Británico ninguna función material y palpable. Su papel no es gobernar, ni administrar la justicia, ni mandar el ejército. La Monarquía en Inglaterra ejerce una función determinadísima y de alta eficacia: la de simbolizar. Por eso el pueblo inglés con deliberado propósito, ha dado ahora inusitada solemnidad al rito de la coronación. Frente a la turbulencia actual (...) ha querido afirmar las normas permanentes que regulan su vida. Nos ha dado una lección más". Ahora mismo, eso es cierto para España.
De ahí se deriva algo que se subraya en el libro de José María Cazorla Prieto, La legitimidad monárquica y gestión económica de la Corona (Aranzadi, 2018), cuando en él se señala que "la legitimidad funcional o de ejercicio tiende a ser la marcadamente prevaleciente en las sociedades contemporáneas que cuentan con un monarca a la cabeza de la jefatura del Estado". Eso me conduce a abordar el caso de España. Conviene tener en cuenta sus aportaciones vinculadas al saldo de los fondos destinados a la Casa Real, donde en La impecable base económica se señala que "tres son a mi parecer las palancas fundamentales de la exigencia impuesta por la legitimación monárquica funcional o de ejercicio consistente en que la gestión de todos los asuntos de carácter económico que afectan al Rey sean impecables. Se trata de la publicidad, la transparencia y el control". La tesis del profesor Cazorla muestra la necesidad de admitir la presencia de un proceso de juridificación creciente donde señala que "este calificativo responde a la necesidad imperiosa de que en la delicada actividad del monarca no haya zonas excluidas de la juridificación, comparadas en lo que siempre se ha hecho o en la más pura inercia, salvo las previstas excepcionalmente en la máxima expresión del Estado de Derecho que es la Constitución".
En ese sentido, el primer aspecto del que se ocupa Cazorla, en el caso concreto de España, es el del Presupuesto de la Casa del Rey. Por eso, expone comparativamente las cifras de los ejercicios presupuestarios de 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018 de las Casas de las Jefaturas de Estado monárquicas de Noruega, Holanda, Gran Bretaña, Bélgica, Dinamarca, Suecia y Luxemburgo, añadiendo las paralelas Jefaturas de Estado republicanas de Alemania y Francia; naturalmente añade España. La de estos diez países ofrece una cifra más alta de consignación presupuestaria. La consignación superior es la de Francia, seguida de Holanda y Gran Bretaña; por encima de España, pero en cifras bajas, están Luxemburgo y Bélgica. Ratifican esta realidad unas palabras de Xavier Errasti Martínez de Antoñanza, en el artículo Nuestra Monarquía y sus números, publicado en la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad Pontificia de Comillas, marzo 2015: "Parece que en comparación con otras Monarquías y con las Repúblicas de nuestro alrededor (el español) resulta un sistema barato".
También en esa obra se destaca lo que se califica como la "incorporación por Felipe VI de técnicas y procedimientos propios del control al Sector Público en la actuación de la Casa del Rey". Son destacables, en este sentido, el tratamiento jurídico y comercial de la Casa del Rey, la regulación del control económico-financiero externo, la fijación de los criterios de atención a la Familia Real y de la Casa del Rey y los códigos de conducta del personal al servicio de ésta última.
Sobre el papel del Tribunal de Cuentas, tiene una contestación muy clara que se encuentra en el artículo 65.1 de la Constitución vigente: "El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa y distribuye libremente la misma". El planteamiento polémico en torno a esto creo que lo expone a la perfección el profesor Cazorla. En ese libro se nos informa que Felipe VI ha admitido el control adecuado que se efectúa, como he señalado, en el ámbito concreto de la Intervención General de la Administración del Estado.
He sido hace tiempo consejero del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, estoy de acuerdo con que el control adecuado corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado. A mi juicio es evidente que la gestión económica de la Corona, cuando tantísimas gestiones económicas nos deben preocupar, no plantea problema alguno capaz de disminuir ese papel clave que, para España y su futuro significa positivamente el papel de nuestro Monarca.
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