El informe de KPMG sobre Tendencias retributivas y de Recursos Humanos 2019 desvela un alza de los salarios menor a la registrada el pasado ejercicio. Concretamente, estima un avance del 2 por ciento, lo que supone seis décimas menos que en 2018. Este tipo de encuestas son valiosas ya que anticipan los planes de futuro que manejan las empresas.
Una menor expectativa de alza salarial debida a factores coyunturales, como la baja inflación, es razonable ya que elevarlos por encima del IPC lastraría su competitividad y pesaría inútilmente sobre su cuenta de resultados. También se entiende la cautela que los empresarios comienzan a evidenciar ante la desaceleración del consumo y del crecimiento de la economía que, sin duda, impactará en sus cifras. El problema viene cuando la contención se debe, como es también el caso, a una expectativa de alza de impuestos que incrementa los ya altos costes laborales que las empresas soportan. En un primer momento, esa previsión obliga a mostrar una política cauta a la hora de decidir los incrementos salariales, que es justo lo que las compañías están haciendo. Pero de cara al futuro la prudencia puede dar paso a ajustes de plantilla e imposibilidad de crear empleo, dañando con ello el mercado laboral. Por tanto, el hecho de que ya se frenen los incrementos de sueldos supone un primer síntoma de los perjuicios que una política basada en los incrementos fiscales supone para las compañías y, por extensión, para el conjunto de la economía española. Con la idea de evitar este daño es conveniente que el Ejecutivo se replantee la idea de castigar más a las empresas subiendo Sociedades o con nuevos impuestos, como transacciones financieras o la tasa Google.