
Si hay más de dos millones de personas en Cataluña que no reconocen como suyo ese marco constitucional, pretender imponerlo no nos va conducir a ninguna solución". Esta afirmación de Meritxell Batet, ministra de Administraciones Públicas, es decir, en la práctica ministra para Cataluña, es lo más relevante que ha dicho un dirigente socialista en toda la campaña electoral. Siendo benévolos, muy benévolos, se puede traducir en una palabra: rendición o, si lo prefieren, claudicación, aunque sólo sea para que Sánchez pueda seguir siendo presidente.
Empecemos por el principio: todos los funcionarios públicos, y eso incluye a los ministros, desde 1979, juran o prometen no sólo guardar, sino también hacer guardar, la Constitución como norma fundamental del Estado. Esto significa que una obligación fundamental del Gobierno y de la Administración no sólo es cumplir la Constitución, sino también hacerla cumplir. En un Estado de Derecho, de la Constitución derivan derechos pero también deberes, y permitir que no se cumpla la Constitución es, simplemente, admitir que las leyes, todas las leyes, o al menos las que no gustan, no se cumplan.
El cumplimiento de las leyes es una condición imprescindible para que haya alguna solución a cualquier problema, al menos una solución democrática. Porque sin Constitución no hay leyes, y sin leyes no hay democracia. Si no hay Constitución, o si la Constitución no se aplica, entonces lo que hay es la ley de la selva, o la ley del más fuerte. Eso es exactamente lo que ha pasado en Cataluña: hay multitud de leyes que no se han aplicado, porque ni siquiera lo han sido cuando los Tribunales han dictado sentencia. Por eso, los derechos de la mayoría no nacionalista han sido pisoteados ante la inacción y pasividad de los sucesivos gobiernos del PP y el PSOE.
Batet opina que "imponer" la Constitución no es una solución. Pero la Constitución no fue impuesta, sino aprobada por el pueblo español en referéndum por abrumadora mayoría, por cierto, también en Cataluña. Además, la propia Constitución establece mecanismos para su reforma, pero, hasta que esto suceda, no se puede ignorar. Mejor dicho, claro que se puede ignorar, ha pasado, pero eso tiene que tener una respuesta porque si no el orden Constitucional es simplemente papel mojado, lo que es tanto como decir que aplicar el derecho "no conduce a ninguna solución". Con afirmaciones de este tipo no se entiende cómo luego algunos se ofenden cuando otros consideran que el PSOE se sitúa fuera del marco constitucional.
Lo peor de todo esto es que esta afirmación de Batet es una justificación de lo que ha venido diciendo y haciendo el PSOE en estos meses; y lo que es aún más importante, lo que sin duda pretende hacer en los próximos meses. Para los partidos independentistas que llevaron a Pedro Sánchez a La Moncloa, y que serán sus ineludibles socios si no hay una mayoría constitucionalista que eche a Sánchez de La Moncloa el próximo domingo, la primera condición es obviamente que no se "imponga" la Constitución frente al golpe que dieron a la democracia.
En algunas cuestiones, está claro que el actual Partido Socialista consideraba que aplicar y hacer cumplir la Constitución y las leyes no formaba parte de ninguna solución: así que decidieron levantar el control financiero de la Generalitat, destituyeron al Abogado del Estado para mutilar el escrito de acusación en el juicio del Procés y Sánchez aceptó negociar las 21 inasumibles condiciones de Torra en Pedralbes…
El PSC, al que Sánchez ha encargado la política territorial, es partidario de ceder el control de la justicia o la Agencia Tributaria (consorciada), a la Generalitat. En ese segundo punto, fragmentar la Agencia Tributaria en 17 agencias autonómicas coincide sorprendentemente con el PP de Lacalle y Casado, pero de eso hablaremos otro día. Iceta también es partidario de indultar a los políticos presos separatistas si son condenados por el Tribunal Supremo. Por otra parte, aunque luego lo rectificó, también se mostró partidario de un referéndum de autodeterminación (eso sí, con mayoría reforzada). ¿Quieren un resumen de todo esto? "Pretender imponer el marco constitucional no nos va a conducir a ninguna solución". Algunos creemos que cualquier solución pasa por aplicar la Constitución y las leyes. Y coincidimos en algo con Batet: hasta ahora no se ha pretendido imponer. Y como todo el derecho, si no se aplica voluntariamente, entonces se impone. Por ejemplo, piensen en cuál es el origen y la segunda acepción de la palabra "impuesto", y viene de imponer. Irónicamente, el gobierno de Sánchez ha pretendido subir masivamente los impuestos existentes e imponer otros nuevos… Y por supuesto, no se ha planteado variar un ápice su política porque a los que tienen que pagar los impuestos, por ejemplo los 17 millones de propietarios de un vehículo diesel, no les parezca bien.
Ciudadanos no está dispuesto a pactar con un partido socialista que renuncia a la aplicación de la Constitución. Nuestro programa comienza en su punto 1 por exigir al Presidente de la Generalitat que garantice la aplicación de la Constitución en el marco del artículo 155. Además, proponemos reforzar los instrumentos legales y constitucionales para protegernos de los golpes de Estado del siglo XXI. Frente a todo esto, los dirigentes del Partido Socialista abogan abiertamente por el indulto a los acusados por un golpe a la democracia si son condenados, e incluso se muestran favorables a un referéndum de autodeterminación. Como todos ustedes saben, Sánchez calla ante todo esto, con la clara intención de garantizarse el apoyo de los partidos separatistas después del 28-A, al precio que sea.
Los españoles se enfrentan a una decisión trascendental en muchos aspectos el próximo domingo: una política de reducción de impuestos, o de subidas masivas, cumplir o no con el déficit… pero la decisión más importante es qué hacemos frente a un golpe a la democracia y para garantizar la unidad de España. Para Ciudadanos está muy claro lo que ofrecemos a los españoles: Constitución y no rendición al chantaje nacionalista.