Los bancos españoles tendrán que registrar como un impago significativo toda cantidad desde 100 euros, en el caso de particulares, y de 500 euros en el caso de empresas. Se trata de un endurecimiento que viene dictado por el Parlamento Europeo y que armonizará, a escala de toda la UE, los criterios para evaluar los riesgos de crédito en que incurren las entidades.
El cambio normativo tiene importantes efectos para los usuarios de banca. Un impago que hasta ahora podía considerarse relativamente reducido, y que no implicaba consecuencias legales, supondrá desde 2019 la inclusión de su responsable en los listados oficiales de morosos e incluso abre la puerta a denuncias ante los tribunales.
Sin embargo, el cambio de mayor calado afecta a los bancos. Los nuevos requisitos exigirán más de las entidades en cuanto a provisiones y refuerzo de la solvencia. Este cambio de escenario llega en un momento delicado, cuando el enfriamiento económico puede provocar repuntes de la morosidad.
Pero aún más importante es el hecho de que la modificación normativa coincide en el tiempo con otros refuerzos de requisitos legales a los que simultáneamente tienen que hacer frente las entidades. Es el caso de la normativa contable IFRS 9, que obliga a provisionar de acuerdo con las pérdidas previstas a futuro, y no por las ya registradas.
Los grandes bancos cuentan con músculo suficiente para capear estas reglas de juego tan duras. Sin embargo, las entidades de menor tamaño lo van a tener cada vez más difícil, sobre todo en momentos como los actuales, cuando, en la inminente temporada de resultados, se espera una reducción del beneficio que pueden llegar al 11%.
