La Administración Trump estudia la aplicación inminente del artículo III de la ley Helms-Burton que perjudica directamente a los inversores extranjeros en Cuba, como las cadenas españolas Meliá e Iberostar. Si el actual presidente diera ese paso, no sólo rompería el statu quo que todos sus antecesores, desde Clinton, han respetado, al mantener inactivo este artículo de forma indefinida.
Sobre todo, implicaría una violación de las normas de la OMC y de la doctrina más básica del Derecho internacional. Según esta última, un inversor sólo debe sujetar su operativa a las leyes del país en el que actúa y a las propias de su territorio de origen, no a las que dicte un tercer Estado. Tanto España como el resto de la UE deben denunciar el abuso que EEUU pretende acometer.
