Los últimos meses presenciaron numerosas macro-operaciones de venta de carteras inmobiliarias por parte de bancos españoles a fondos internacionales, como las protagonizadas por Banco Santander tras comprar Popular en 2017.
Pese a esos esfuerzos recientes, y a los no menos importantes que se acometieron en el transcurso de la crisis financiera, lo cierto es que el volumen de este tipo de activos tóxicos en manos de las entidades se sitúa todavía en una horquilla entre 72.000 millones y 80.000 millones de euros.
En otras palabras, su peso en el balance ha bajado hasta el 7%, pero tendría que reducirse en un tercio más para llegar a los niveles previos a la crisis, aquéllos que los supervisores europeos consideran estables. Alcanzar ese suelo lo más rápido posible tiene que constituirse como una clara prioridad para la banca por varias razones.
En primer lugar, se trata de un proceso de saneamiento especialmente difícil, dado que depende de variables que los bancos no pueden controlar directamente. En especial, resulta clave aprovechar el actual apetito que los inversores internacionales muestran por el inmobiliario español, ya que podría revertirse en los próximos trimestres (bastaría para ello con el lanzamiento de una ofensiva de alzas de impuestos tras las elecciones).
Pero, sobre todo, los bancos están necesitados de liberar sus cuentas de un lastre tan importante. Los activos inmobiliarios son muy gravosos, porque obligan a hacer provisiones y, además de ser improductivos, generan altos costes de mantenimiento. Las entidades no pueden permitirse seguir arrastrando esta carga especialmente ahora que el BCE vuelve a retrasar las alzas de tipos y el PIB desacelera.