A España le ha costado mucho más de 60.000 millones el famoso "rescate bancario", que en realidad es el rescate a los depositantes derivado de la quiebra de las cajas politizadas por el bipartidismo y sus aliados nacionalistas. En estos momentos, el Banco de España estima el coste del rescate a las entidades financieras en 74.699 millones de euros, de los que se estiman no recuperables 64.842 millones. La diferencia es lo que se estima recuperar de Bankia, vendiendo las acciones al actual precio de mercado.
Bien, de todo este importe, que no incluye algunos conceptos como activos fiscales diferidos, el 100% es atribuible al rescate de los depositantes de cajas de ahorro politizadas y luego quebradas. La única excepción relevante es el Banco de Valencia, que estaba controlado al 66% por Bancaja, es decir, una caja controlada por el PP y presidida, entonces, por José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat valenciana con ese partido. Algo similar se puede decir del Banco Gallego, controlado al 49,84% por NovaCaixa Galicia. Pero el coste de la colonización política del PP, el PSOE, los nacionalistas e incluso Izquierda Unida, actualmente Unidas Podemos, fue mucho mayor. La crisis de las cajas, casi el 50% del sistema financiero, no solo acabó prácticamente con la obra social de las cajas de ahorro, sino que también secó la liquidez de la economía española durante muchos años. Este segundo efecto hizo que muchas pequeñas y medianas empresas, y alguna grande, tuviesen que cerrar, destruyendo empleo y riqueza, lo que agravó muchísimo la crisis económica. La desastrosa gestión de los dirigentes políticos de las cajas fue una mezcla de incompetencia y arrogancia, que como mejor se puede juzgar es por sus resultados. Así, en Catalunya Caixa el coste de la gestión del PSC de Narcís Serra y sus antecesores costó 12.864 millones de euros, para unas cajas fusionadas que tenían unos activos totales de unos 50.000 millones. Es decir, la aterradora cifra de perder uno de cada cuatro euros bajo gestión. En cuanto al nivel técnico del Consejo de Administración, era tal que había que darles clases de contabilidad antes de las reuniones de los consejos, como admitió el propio Narcís Serra, exvicepresidente del Gobierno con el PSOE, en sus declaraciones en la Comisión de investigación de la crisis financiera.
El caso de Bankia, es decir, sacar a bolsa un conjunto de cajas quebradas, que ahora se juzga en la Audiencia Nacional, llevó a España al rescate financiero. Aquí, el coste de la gestión de Miguel Blesa, el exvicepresidente del Gobierno con el PP Rodrigo Rato, el exdirigente del IU Moral Santín y demás tuvo un coste de 24.069 millones (incluyendo BMN); ahora Bankia no vale más de 10.000 millones. Podríamos seguir, pero todo el rescate es una historia de cajas de ahorro primero colonizadas por el bipartidismo, luego quebradas y finalmente rescatadas para garantizar los depósitos en las entidades financieras y que nuestro sistema financiero no colapsase definitivamente.
Ahora, Unidas Podemos, aliado imprescindible, junto con los independentistas y el PNV para que Sánchez siga en La Moncloa, pretende recuperar el dinero del rescate bancario. Para ello, sorprendentemente, lo primero que quiere Iglesias es transformar definitivamente Bankia en un banco público. Obviamente, si la participación del Estado en Bankia no se vende, entonces, el coste del rescate aumenta en 10.000 millones, no disminuye. Además, después de la desastrosa gestión llevada a cabo por los políticos, no se le ve ninguna ventaja a sustituir a Goirigolzarri por, por ejemplo, el jefe presupuestario de Podemos, Echenique. Más allá de esto, la extrema izquierda quiere, parece que de acuerdo con el PSOE, que ya lo propuso y no lo descarta, crear un impuesto a la banca.
Este nuevo impuesto supone subir diez puntos, hasta el 40%, el impuesto de sociedades a los bancos. Esto tiene varias contraindicaciones: en primer lugar, fomenta el fraude. Si las demás sociedades pagan el 25% y la banca paga el 40%, la banca desviará sus beneficios a cualquiera de esas entidades sometidas a un tipo del 25%. En segundo lugar, los bancos internacionales harán negocio en el extranjero; concederán créditos en el extranjero, porque en ninguna parte la banca está pagando un 40% sobre sus beneficios. En tercer lugar, se resentirá la concesión de créditos, porque serán cada vez menos rentables; y la rentabilidad de la banca, dados los bajos tipos de interés, ya está en mínimos. Y todo esto para recaudar, según los propios números de Podemos, 1.000 millones al año. Con ese ritmo, incluso sin provocar una crisis bancaria, para cuya rifa habríamos comprado muchos números, tardaríamos setenta años en recuperar el dinero...
Por su parte, el PP quiere extender su rebaja del impuesto de sociedades con el tipo del 20% también a los bancos. Su jefe económico, Daniel Lacalle, señalaba a este respecto que no debía haber diferencias entre sectores. Teóricamente, la idea está muy bien, pero sus efectos serían devastadores. Ahora mismo, la banca tiene garantizados activos fiscales diferidos por 29.933 millones de euros. Esta cifra corresponde, a grandes rasgos, a que la banca durante la crisis económica dio créditos que luego no recuperó. Una parte de estas pérdidas, el 30%, las puso en el activo de su balance como menor importe a pagar en el futuro como impuesto de sociedades. Estos activos se deben descontar del capital, porque en caso de liquidación del banco los acreedores no pueden cobrarlos. Para evitarlo, el Estado los ha garantizado y cobra una prestación patrimonial (que viene a ser el precio del aval) del 1,5%. Si el banco tiene pérdidas o quiebra, el Estado pone el dinero, como ha hecho en el caso del Popular con aproximadamente 1.400 millones de euros.
Pues bien, bajar el tipo del impuesto de sociedades del 30% al 20% a los bancos les supondría 9.977 millones de déficit de capital, que tendrían que ir a buscar al mercado. Esto se debe a que la base de los activos garantizados seguiría siendo la misma, 99.776 millones, pero ahora el impuesto que se dejaría de pagar en el futuro sería el 20%, no el 30%, lo que suponen cerca de 10.000 millones menos de capital. Además, como hay unos 100.000 millones en activos fiscales en las empresas del Ibex, un recorte significativo de esta cuantía supondría pérdidas en muchas de ellas. En esta situación, resulta muy complicado que los bancos pudiesen obtener este capital en el mercado. Esto llevaría a que la banca restringiese el crédito (por cada euro de capital se conceden de media doce euros de crédito), complicando y mucho la actividad económica en España.
No comprendo por qué las "soluciones" de los problemas financieros para los distintos partidos pasan por el impuesto de sociedades. Creo que se debe a que los responsables económicos de los no saben de impuestos, y de impuesto de sociedades aún menos. Esto nos ha llevado a escuchar todo tipo de propuestas fiscales de fantasía en esta campaña electoral. Desde Ciudadanos, no proponemos magia fiscal y mucho menos para el sector financiero, porque no tenemos que hacer olvidar una colonización política de las cajas, cuyo coste aún seguimos pagando.
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