En política de agua, nuestro país presenta ineficiencias o contradicciones que condicionan nuestra planificación hidrológica.
La primera es que, pese a ser uno de los países de la Unión Europea donde menos llueve, nuestro consumo de agua es de los mayores. Somos el tercer país europeo que más agua consume en alta por habitante (700 metros cúbicos) superando a Francia (+40%) Alemania (+75%) y Reino Unido (+250%). Sin embargo, nuestros recursos renovables anuales, provenientes en gran medida de precipitaciones, nos sitúan también en tercera posición, pero a la cola de Europa, con 2.400 metros cúbicos por habitante.
La segunda ineficiencia es que, a pesar de tener un índice de estrés hídrico del 33%, de los más elevados de Europa (relación entre volumen de agua consumido y recursos renovables), nuestra tarifa es muy inferior a la de los otros grandes países de la UE. Esta situación no ha mejorado en los últimos 30 años, en contraste, por ejemplo, con Alemania, que partiendo del mismo nivel de estrés, ha conseguido reducirlo al 21%. Pese a ello, tenemos una tarifa media del agua (2 euros/metros cúbicos) de menos de la mitad que la de Alemania y un 33% inferior a la de Francia y Reino Unido, lo que se explica porque no repercutimos en el recibo todos los costes del ciclo integral del agua, incumpliendo así el principio de recuperación de la inversión que establece la Directiva Marco.
La tercera ineficiencia es que, a pesar de tener unas necesidades urgentes de inversión en infraestructuras del agua, España está a la cola de las grandes economías europeas. Los compromisos de inversión hasta 2021 suponen 12.000 millones de euros, correspondiendo más de la mitad al Estado. Además, la tercera parte de estas inversiones (4.500 millones) son de naturaleza básica y de obligado cumplimiento, cuya inejecución en plazo es objeto de sanción por la Comisión Europea.
A ello se añade el déficit en infraestructuras de suministro de agua potable en baja, cuya red de 225.000 km (el 39% tiene más de 30 años) requiere una renovación anual del 1,5%, lo que implica una inversión de 800 millones de euros al año para los municipios y gestores; es decir, tres veces más que la inversión actual. El último informe de la Comisión Europea sobre política medioambiental confirma unos déficits de inversión similares en infraestructuras de suministro y tratamiento de aguas residuales, que cuantifica en 10.000 millones, anticipando un periodo de conclusión en 2027-2030, muy posterior al plazo establecido por la Directiva, que fijaba el ejercicio 2005. Esta es la causa de que la Comisión tenga abiertos cinco procedimientos de infracción contra España que afectan a más de 700 aglomeraciones urbanas, emitiendo el 25 de julio de 2018 el Tribunal de Justicia de la UE una segunda sentencia por la que se imponen sanciones pecuniarias a España.
En el ámbito europeo, nuestro ratio inversor en protección del medio ambiente (24 euros/habitante) es un 45% inferior al de la media europea. Y si nos comparamos con las mayores economías, la brecha inversora se amplía todavía más, al triplicar Francia, y doblar Alemania y Reino Unido nuestra inversión por habitante.
Esto debe hacernos reflexionar sobre si nuestro modelo de gestión del agua está resolviendo de forma eficiente nuestras necesidades. En 2018, el Estado adjudicó contratos de obras hidráulicas por importe de tan solo 110 millones de euros, por lo que de mantenerse este ritmo tardaríamos 58 años en contratar las inversiones planificadas hasta 2021.
La estabilidad presupuestaria y el crecimiento de nuestra agenda de gasto social no van a facilitar que el Estado multiplique por 15 sus niveles de contratación, por lo que la colaboración pública privada (CPP) constituye la mejor alternativa para anticipar las inversiones prioritarias, aportando, además, notables ventajas en la gestión y operación de nuestros activos del ciclo integral del agua y mayor transparencia, al garantizar mayor información sobre la recaudación y desglose de los conceptos de la tarifa, y la aplicación finalista de los cánones de saneamiento.
Avanzar en el Pacto Nacional del Agua, propiciando el consenso entre las principales formaciones políticas, que identifique las prioridades de inversión y fije una política de precios homogénea y alejada de la decisión política mediante la figura, por ejemplo, de un regulador nacional, es una necesidad.
Aunque el agua pueda ser o no gratis, su tratamiento y distribución tiene un coste que debe ser sufragado por los usuarios porque, aparte de ser lo más equitativo, es obligado por la Directiva europea que consagra el principio de recuperación de los costes.
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