En esta campaña electoral se está hablando bastante de impuestos. Los partidos de izquierda, PSOE y Podemos, quieren incrementar sustancialmente la recaudación con la subida de impuestos. Teóricamente estas subidas solo las pagarían los ricos, los bancos y las grandes empresas. Sin embargo, la experiencia dice, y solo hay que acordarse de los presupuestos, que esto luego no cuadra y que, incluso antes, se quieren subir los impuestos indiscriminadamente, como por ejemplo con el dieselazo de Sánchez.
Por otra parte, el PP habla de los impuestos con la misma irresponsabilidad que Sánchez. En lo que se parecen los dos socios del bipartidismo caduco a Podemos es en su aversión a echar cuentas. Las rebajas que proponen Casado y Lacalle serían de un mínimo de 17.000 millones de euros.
En resumen, que nadie promete más que el que sabe que no va a cumplir. Sin embargo, nadie parece preocuparse ni por los derechos de los ciudadanos, ni por la mejora de la Administración y la Justicia Tributaria, es decir, por el mundo real. Y todos los días los ciudadanos se enfrentan a cartas de Hacienda que no se entienden, a tener que buscarse un asesor porque viven en zonas aisladas y ya no pueden hacer la declaración más que por Internet... Y sobre todo, cualquier ciudadano, y España en su conjunto, se enfrenta a una justicia tributaria que no funciona adecuadamente.
Señalaba Séneca que no existe nada más parecido a la injusticia que la justicia tardía. Hay más de 60.000 empresas y ciudadanos madrileños que tienen un expediente de algún impuesto pendiente de resolver en el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid. En este Tribunal Económico Administrativo, según la memoria de los Tribunales de 2017, entraron 28.146 reclamaciones, por lo que hay un retraso medio de más de dos años (2,13 años exactamente) para resolver un expediente. Esto incumple la Ley General Tributaria, que establece un plazo máximo de un año. Pero, además, esto no solo es un perjuicio para el ciudadano al que no se le revisan en plazo sus impuestos y al que se le retrasa su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, sino también un perjuicio para la propia Hacienda.
Esto tiene dos implicaciones, por una parte, hay unas 350.000 reclamaciones pendientes de resolver en los Tribunales Económico Administrativos, antes de la vía judicial: un atasco que amenaza colapso. Y esta es una cuestión de derechos individuales de los contribuyentes, que tienen que pagar sus impuestos, pero que también tienen derecho a no pagar más impuestos de los que les corresponden, y a que cuando hay una discrepancia con Hacienda, la Administración, en este caso la vía obligatoria de los Tribunales Económico Administrativos, dé una respuesta en un plazo razonable.
Hay otra implicación: el importe, un dato que he preguntado como diputado, que otros también lo han hecho, y que se guarda en la más absoluta opacidad. Estos últimos años, la Agencia Tributaria ha realizado actuaciones de control por importe de entre 14.600 millones y 15.000 millones de euros al año, distribuidos entre unos 9.500 millones de resultados directos de la actividad de control (fundamentalmente liquidaciones a ingresar) y unos 5.000 millones de euros de minoración de devoluciones. Esta actuación se ha realizado a través de unas 700.000 declaraciones, de las que se han derivado unas 100.000 reclamaciones frente a estas liquidaciones. Esto viene a suponer un 15%, pero las liquidaciones de menor importe apenas se recurren, mientras que las de mayor importe casi siempre se recurren. Ante esto, y dada la opacidad de los datos oficiales, hemos estimado un porcentaje de recurso sobre el importe global del 60%, que según muchos inspectores se queda corto.
Sobre 14.600 millones, recurrir un 60% y tener 2,13 años (que es una media que se queda corta porque los expedientes de más importe se resuelven pasados los tres años y medio casi siempre), los expedientes equivalen a unos impuestos pendientes en los Tribunales de 18.658 millones de euros, solo de la Agencia Tributaria. Si a esto se le añaden los más de 30.000 expedientes autonómicos de impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados e impuesto de sucesiones, hay probablemente varios miles de millones de euros en impuestos pendientes de las Comunidades Autónomas.
Todo esto son más de 20.000 millones de euros en impuestos en discusión en los Tribunales Económico Administrativos. Buena parte de ellos son liquidaciones suspendidas y garantizadas.
Por supuesto, a esta cuantía de más de 20.000 millones de euros habría que añadir, cuando se resuelvan, los intereses de demora a favor de Hacienda o en contra, según los casos, y el coste de los avales que Hacienda tiene que acabar reembolsando. Todo este importe en litigio es una enorme losa para los contribuyentes, la economía española y la propia Hacienda Pública. Poder reducir esta bolsa se traduciría, además, en una importante recaudación efectiva adicional en los próximos años.
Frente a esta situación, Ciudadanos propone en su programa un plan de choque para resolver un atasco gigantesco. Además, promoveremos una ley de derechos y garantías del contribuyente. Estas iniciativas han sido calificadas de excelentes por los que saben de esto, entre otros la Organización Profesional de Inspectores y por varios asesores fiscales, ya que, en su opinión, "mejorarían la seguridad jurídica y el funcionamiento ágil de la Administración."
Nosotros creemos que en lugar de prometer lo imposible, lo que hay que hacer es mejorar los servicios y la atención que reciben los ciudadanos. También creemos que hay que agilizar el cobro que se les debe a los ciudadanos, resolviendo las reclamaciones de los ciudadanos en plazo, y evitando el despilfarro que supone la lentitud administrativa por falta de medios en sitios clave, que se traduce en intereses de demora, reembolso de coste de avales... y perjuicios para la actividad y el crecimiento económico. Es nuestro compromiso con la racionalidad y con los españoles.
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