Podría haber sido peor. Esa es la primera impresión que tuve después de ver los datos de déficit y PIB de 2018 que se hicieron públicos este lunes. De hecho, hubiesen sido claramente peores, al menos los referentes al déficit público, si el Gobierno socialista no estuviese ejecutando los presupuestos del pacto Cs-PP y hubiese aprobado unos presupuestos con sus socios de Podemos, sus variadas confluencias, el PNV y los separatistas catalanes. Y el descontrol en las finanzas públicas lleva siempre a menor crecimiento económico y más desempleo, aunque a veces, eso tarde un poco.
Pero empecemos por lo obvio: el déficit público bajó medio punto, y se quedó en el 2,6% del PIB. Este medio punto de mejora es la menor reducción del déficit público desde 2012. Las Administraciones Públicas han hecho menos esfuerzo que nunca para cumplir con los españoles y con Europa. Y no ha sido un problema de ingresos, sino de gasto con muy escaso control.
En 2018, por primera vez desde 2007, la previsión de ingresos era correcta. En los presupuestos de 2018, fruto del acuerdo Ciudadadanos-PP, se estimaron unos ingresos de 210.015 millones de euros. Finalmente, la recaudación total en términos homogéneos, es decir, teniendo en cuenta el calendario de devoluciones, fue de 209.912 millones de euros, un 99,95% de la recaudación prevista. Esto significa que los ingresos previstos, a diferencia del proyecto de presupuestos de Sánchez y Montero, no estaban sobreestimados y se cumplieron.
Otra cuestión relevante es que se pueden bajar impuestos sin crear agujeros. Una de las principales exigencias de Ciudadanos para aprobar los presupuestos de 2019 fue reducir el IRPF a los que ganaban menos. Gracias a eso, y pese a las públicas reticencias del exministro Cristóbal Montoro, partidario de "dejar las zanahorias para el final de la legislatura", los mileuristas ya no pagan el IRPF y 3 millones de trabajadores pagan menos IRPF.
Esta rebaja de impuestos fue criticada por el PSOE, Podemos y los independentistas catalanes, que además votaron en contra. Y su futuro podría no ser muy prometedor si Sánchez, que ha manifestado sus intenciones de subir los impuestos e incrementar la presión fiscal, sigue en La Moncloa después de las elecciones. En cualquier caso, no solo hay que tener voluntad política de bajar los impuestos, sino que también hay que hacer los números, y seleccionar rebajas estratégicas que fomenten el crecimiento, para que esto compense los impuestos que se dejan de cobrar y eso haga que la recaudación no se resienta excesivamente.
Ahora bien, este exceso de gasto por encima de lo previsto no correspondió a todas las Administraciones, sino que se concentró en la Seguridad Social y la Administración General del Estado, las administraciones directamente controladas por Sánchez. Por una parte, tenemos claramente un problema estructural en la Seguridad Social, pero también es cierto que el Gobierno socialista no ha intentado hacer nada para solucionarlo.
Otra parte del problema para cumplir el objetivo de déficit está en algunas Comunidades Autónomas, aunque globalmente han cumplido con creces con el 0,4% previsto, quedándose en el 0,23%. Aquí tenemos casos de comunidades claramente subfinanciadas, como Valencia y Murcia, problema que ni el PP primero, ni el PSOE después, han querido afrontar planteando un nuevo modelo de financiación autonómica, que sustituya al actual, caducado desde 2014.
El único acuerdo del PP y el PSOE en lo relativo a la financiación autonómica fue mejorar en unos 300 millones de euros al año la financiación de la mejor financiada, el País Vasco, a través del conocido cuponazo vasco de 2017, al que únicamente se opuso Ciudadanos.
Tema aparte es Cataluña. Aquí tenemos un problema muchísimo más grave de deslealtad institucional y de incumplimiento de las leyes, pero que tiene una obvia derivada presupuestaria. Cataluña no solo tiene los tipos autonómicos más elevados de España en casi todos los impuestos, sino que además hay muy serias dudas de que el dinero de los contribuyentes no se emplee en fines para los que no están previstos... por ser suaves. Aquí, el Ejecutivo socialista lo primero que hizo, nada más llegar al Gobierno, fue acabar con el control financiero de las cuentas autonómicas.
Más grave es la indisciplina presupuestaria de la que ha llegado a presumir el Gobierno Sánchez. La única ministra de Hacienda que yo he visto presumir de incumplir los límites de gasto de los presupuestos es María Jesús Montero, que afirmó: "Pasarse en un Presupuesto es fácil. Lo he dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso lo quitas o lo pones en una parte del presupuesto". Con estos planteamientos, casi es una suerte que solo hayamos incumplido los objetivos de déficit en unos 5.000 millones de euros.
Para 2019, todo va a ser mucho más complicado. Por una parte, los viernes electorales suponen compromisos de gasto permanente superiores a los 3.000 millones anuales. Por otra parte, no solo se está ralentizando el crecimiento, sino también la recaudación de los impuestos, cuya tasa de crecimiento, en términos homogéneos, se ha reducido desde el 6% al 3,3% en febrero.
Para que las cuentas públicas vuelvan a estar bajo control, condición imprescindible para seguir creciendo y creando empleo a medio plazo, España no necesita presupuestos irresponsablemente expansivos como el rechazado de 2019 y subidas de impuestos. Lo que la economía española necesita es estabilidad, reformas que favorezcan el crecimiento y eliminación del gasto superfluo y duplicidades. Esto es lo que ofrecemos a los españoles desde Ciudadanos para poder seguir bajando impuestos sin poner en peligro las finanzas públicas y mejorando el crecimiento económico.
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