En esta temporada de decretazos no se ha aprobado, al menos todavía, el que más le interesa a las comunidades autónomas: el real decreto-ley que les permitiría aumentar sus ingresos gracias al alza pactada y prometida por el Gobierno de las entregas a cuenta en casi 7.000 millones de euros. El Ministerio de Hacienda lucha contrarreloj para solventar una situación para la que, en primer término, no parece haber solución, por lo menos por ahora.
Se trata de un escenario especialmente preocupante para las arcas regionales. Los gobiernos autonómicos claman desde hace años por una reforma de su financiación que les permita afrontar todos los servicios que les han sido transferidos. Sin embargo, esta se pospuso continuamente durante el mandato de Mariano Rajoy y durante el de Pedro Sánchez solo se ha puesto en marcha un grupo de trabajo de cuya labor nada se ha sabido.
A este dilema ya conocido y existente se suma otra diezma de los fondos autonómicos: las comunidades no ingresarán este 2019 uno de los meses de IVA -cifrado en 2.500 millones- que les corresponde debido al cambio que se hizo en el sistema de cobro de este impuesto durante el periodo de Cristóbal Montoro al frente de Hacienda... y que no se ha corregido. Todas las esperanzas del Gobierno para solventar este dislate se hallaban en el proyecto de Presupuestos que se quedó en la cuneta en el Congreso, enmendado en su totalidad tanto por el Partido Popular y Ciudadanos como por los partidos independentistas catalanes, ERC y PDeCat.
Esta situación deja a las regiones con una mano delante y otra detrás en un momento crucial, cuando en la mayoría de ellas se celebran unas elecciones autonómicas cuyo prólogo fue una lucha partidista que ha provocado que siete comunidades tengan presupuestos prorrogados. Paralización económica que se suma a un injusto ajuste financiero, sin solución viable, y que a buen seguro dará que hablar en los comicios del 26 de mayo.
