Ya nos advirtió Alfonso Guerra: "Montesquieu ha muerto". Yo estaba presente cuando hizo aquella afirmación durante una cena con un grupo de veteranos periodistas. Tales palabras organizaron una escandalera y desde el PSOE se intentó quitar hierro al asunto. Sin embargo, no fue una afirmación a la ligera, sino un planteamiento muy pensado. De hecho, la izquierda en general y los socialistas en particular nunca han estado muy conformes con eso de la separación de poderes.
De acuerdo con el razonamiento que en su día hizo Guerra, lo importante era la soberanía nacional que se refleja a través del voto universal. Y los jueces no son elegidos por el pueblo, sino por su carrera profesional. En su opinión, el poder judicial no había hecho la Transición Democrática y el inmenso poder que acumulan no se correspondería con su representación popular. Casi cuarenta años después, se vuelve a poner en la palestra la muerte de Montesquieu. Al fin y al cabo, la separación de poderes es hija de la Ilustración. Es decir, de las democracias liberales que tienen su origen en la independencia de los EEUU o en la Revolución Francesa.
Por tanto, no debe sorprendernos que en el Gobierno de Pedro Sánchez haya una mezcla un tanto extraña sobre la separación de poderes.
He oído decir, medio en broma, medio en serio, al juez Marlasca, actual ministro de Interior, respondiendo a quienes critican al Presidente por no tener legitimidad democrática al no haber pasado por lar urnas, que la gente les aplaude por la calle y les anima a seguir. Esa misma expresión la ha utilizado la directora general de RTVE, Rosa María Mateos, que también considera que su legitimidad sale de los aplausos que recibe espontáneamente. Curiosa forma de entender la soberanía popular. Recuerda al regreso de Fernando VII a España.
La polémica se ha puesto al rojo vivo cuando el Ejecutivo, ni corto ni perezoso, ha decidido aprobar todo lo que le había rechazado el Parlamento, incluidas las principales medidas de los Presupuestos del Estado, a través de decretos leyes a menos de dos meses de unas elecciones generales. ¡Madre mía! Se está hurtando al Parlamento la capacidad de debatir las leyes y de poder introducir enmiendas, que son mejoras, a su articulado. Por eso la Constitución limita este instrumento legislativo a los casos excepcionales.
No hay que olvidar que la llamada "Ley de Acompañamiento", que se utilizó como una ley ómnibus para burlar al Parlamento, fue declarada en su día inconstitucional. El desprecio que se está haciendo al poder legislativo es de tal dimensión que el TC muy probablemente tendrá que intervenir, el problema es que lo hará una vez que no sea posible dar marcha atrás. Mientras tanto, resulta esperpéntico que todos los miembros del Gobierno estén justificando esta utilización abusiva del BOE. El hecho de que los Consejos de Mministros de los viernes se hayan convertido en una caja de resonancia del programa electoral socialista es simplemente hacer trampas. Y lo más grave de todo es que con esta actuación están de acuerdo los probos funcionarios de Bruselas, como Nadia Calviño, sino también todos los hombres de leyes con cartera ministerial.
Un juez que ahora actúa como ministro ha llegado a decir que el Ejecutivo, además de ejecutar las leyes, también tiene la función de proponerlas, por lo que no está tan clara la diferencia... Yo añadiría que el hecho de que Pedro Sánchez haya creado un gobierno de togas en el que se confunden churras con merinas es inquietante.
Por todo ello no resulta extraño que los independentistas estén intentando también subvertir las leyes. Como en la película de Sergio Leone, La muerte tenía un precio (1965).
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