El Gobierno de Sánchez se quiere pagar la campaña más cara de la historia. Para esto, una vez fracasados sus presupuestos, que dejaban un agujero de más de 11.000 millones de euros, ha optado por los decretos-leyes. Éstos, como el que este jueves se publicó en el BOE, el RDL 6/ 2019 relativo a la "igualdad de hombres y mujeres" supondrán más gasto, al establecer, por ejemplo, la ampliación del permiso de paternidad sin reforma alguna que permita pagarlo.
Más allá de eso, el RDL 6/2019 es inconstitucional. En su artículo 1º modifica la Ley Orgánica 3/2007. Un decreto ley no puede modificar una Ley Orgánica, porque así lo establecen los artículos 81 y 86 de la Constitución, y así lo declaró el Tribunal Constitucional por unanimidad en 1986. El Constitucional señala que los requisitos del artículo 81, aprobación de leyes orgánicas, son más exigentes que los del artículo 86, convalidación de decretos-leyes. El artículo 81 exige mayoría absoluta del Congreso en una votación sobre el conjunto del "proyecto" para aprobar una Ley Orgánica.
Esto supone una votación adicional y la existencia de un proyecto, es decir, de una norma que aún no ha entrado en vigor. En cambio, el decreto-ley está en vigor desde el mismo momento de su publicación, y solo hay una votación en el Congreso (ninguna en el Senado), en la que se convalida o se deroga por mayoría simple. Como señala el Tribunal Constitucional, al ser mucho más exigentes los requisitos del artículo 81, no cabe la modificación de las leyes orgánicas mediante el Decreto Ley regulado en el artículo 86.
Desde entonces, ningún gobierno se ha atrevido a intentar cambiar una Ley Orgánica por decreto-ley. Solo lo hizo Sánchez y tuvo que renunciar: fue para intentar cambiar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y eliminar el veto del Senado. Ahora, en plena precampaña, trae a la Diputación Permanente un Decreto Ley flagrantemente inconstitucional, cuando además, al haberse disuelto el Congreso, no se puede tocar una coma del Decreto-Ley.
Los españoles se merecen un Gobierno que respete la separación de poderes, que diga cómo financia las medidas y que, como mínimo, respete la Constitución. No todo vale porque vayamos a las urnas en abril.
Entidades
