En España, en la mitad del año 2017, había algo más de ocho millones seiscientos mil pensionistas (que cobraban nueve millones quinientas mil pensiones) y, a pesar de que una ley obliga a retrasar paulatinamente la edad de la jubilación, existen en España auténticas pandillas de jubiladores-depredadores que están dedicadas en el sector público y privado a echar al retiro a cuantas personas maduras cogen con sus carretillas. Por eso, la edad media en la que se jubilaron los españoles durante 2017 fue ligeramente superior a los 62 años (con un carrera media cotizando de 34,4 años). Muy por debajo de los 65 años, lo cual no se compadece con una esperanza de vida de las más altas del mundo y unos años de vida saludable (términos que usa Eutostat) de 67 años.
Y lo peor de todo es que muchos de esos jubilados lo han sido contra su voluntad y estando en plena forma física y mental. Un despilfarro verdaderamente incomprensible.
La relación entre el número de afiliados a la Seguridad y el número de pensiones cayó en España con la crisis de manera muy notable y aunque a partir de 2013 se comenzó a recuperar, todavía sigue por debajo de la barrera, considerada fatal por los expertos, de dos afiliados por pensión. La situación en el norte de España es especialmente preocupante, muy en especial en Asturias (allí no llega a 1,25 afiliados por pensión cobrada), donde la crisis del carbón ha dejado pensiones relativamente altas y cotizaciones en franca decadencia. En el Principado cada pensión pagada generó un déficit de 8.291 euros en el año 2017. Tampoco en Galicia las pensiones gozan de buena salud. Así lo ha descrito el especialista José Antonio Herce: "Cuatro comunidades autónomas se sitúan por debajo de 1,5, con Asturias claramente por debajo de un preocupante 1,25. El conjunto de España está algo por debajo del 2. Si el sistema de pensiones estuviese íntegramente transferido a las comunidades autónomas, doce de ellas estarían en situación insostenible, con las provincias del noroeste sufriendo desequilibrios severos que les impedirían cumplir con sus pensiones y, por supuesto, con otros programas autonómicos, tales como la educación o la salud."
Como era de esperar, esta ratio afiliados/pensiones está fuertemente correlacionada con el índice de envejecimiento, es decir, con la proporción de personas de 65 años o más dentro del total de la población. En este índice, Asturias, Galicia y Castilla y León marcan máximos, al estar ya en torno al 25% de la población de cada región.
En efecto, la sostenibilidad de las pensiones está en el aire, pero lo que más llama la atención es que mientras esos déficits se están cubriendo, bien con la hucha previamente llenada o bien recurriendo a los presupuestos generales del Estado, en el País Vasco y en Navarra esos déficits los pagamos el resto de los españoles, pues los vascos y los navarros pagan sus impuestos a sus respectivas comunidades autónomas y éstas no quieren saber nada del déficit que generan sus pensionistas.
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