Movida y hasta beligerante, si nos atenemos a las palabras de algunos de los asistentes, fue la reunión ayer de la Junta Directiva de la CEOE, en la que los empresarios españoles se mostraron abiertamente en "pie de guerra" contra los anuncios del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez de utilizar la fórmula del Decreto-Ley para cambiar los aspectos esenciales de la reforma laboral y aprobar la nueva normativa de igualdad laboral entre hombres y mujeres antes de las elecciones del 28-A.
Dos cambios legislativos que consideran "electoralistas" y una cesión unilateral ante los sindicatos, por lo que la que los responsables de la patronal española no descartan "romper" el diálogo social. Y aunque ambas reformas estiman serán perjudiciales para la economía y el empleo, de especialmente "dañina" califican el nuevo escenario de igualdad laboral que consideran producirá una duplicidad de bajas y de costes para las empresas.
Aquí recelan también de la posible repetición del pacto de Sánchez con los nacionalistas e independentistas puesto que el Gobierno necesita los votos del PNV y PdeCat en la Comisión Permanente para sacar adelante estos decretos.
Críticas muy agrias contra el Ejecutivo que se extendieron también a la política presupuestaria donde los empresarios insisten en denunciar el exceso de gasto que no se va a cubrir con los ingresos y aseguran que España volverá a incluir el objetivo de déficit este año, que los responsables económicos de la CEOE estiman se elevará hasta el 2,5% del PIB, siete décimas por encima del objetivo del 1,8% consensuado con Bruselas, y dos décimas por encima de las previsiones de desviación anunciadas por el FMI que elevaba ya al 2,3% su previsión de déficit para nuestro país.
Con este escenario la cúpula de la CEOE asegura que el Gobierno que salga de los comicios del 28 de abril se verá obligado, ineludiblemente, a "hacer nuevos ajustes".
Un escenario electoral este que inquieta también desde el punto de vista de la inestabilidad puesto que en la patronal se piensa que las negociaciones para la formación del nuevo Ejecutivo se van a prolongar en el tiempo y consideran que no habrá un Gobierno en pleno funcionamiento hasta después del verano.
Y como remate, y al margen ya de las diatribas contra el Ejecutivo de Sánchez, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quiso poner fin a la polémica sobre su sueldo que, me cuentan, dijo será de 350.000 euros anuales, sin complementos ni incentivos.
Por cierto, que ayer se estreno también como miembro de la Junta Directiva de la CEOE, el presidente de la organización de autónomos ATA, Lorenzo Amor, a la que algunos asistentes confirman que no asistió Pedro Barato, el todavía presidente de la CEAT, que hasta ahora había representado a los autónomos en CEOE.
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