Madrid
El Gobierno continúa inmerso en su carrera contrarreloj por sacar adelante cambios legislativos antes de las elecciones de abril. Al propósito de desactivar las medidas clave de la reforma laboral, se suma ahora el llamado paquete legislativo de energía y clima que ayer presentó el propio presidente Sánchez, en un acto en el que quiso acentuar su compromiso en la lucha contra el calentamiento global.
Sin duda, la adaptación de las economías desarrolladas a un modelo más sostenible constituye una evolución necesaria. Además, en el caso de esta ley, el Gobierno cumple con varios compromisos pendientes con la UE, como enviarle el borrador de su plan de descarbonización, aunque sea con mucho retraso (debió estar listo antes del 31 de diciembre).
Sin embargo, sorprende la gran magnitud del proyecto que el Ejecutivo presenta y sus muy escasas perspectivas de viabilidad. En primer lugar, cabe dudar de su aprobación misma. El Consejo de Ministros le dará su placet mañana, pero no llegará al Congreso antes de que las Cortes se disuelvan.
Pero lo que más cautelas despierta es que un Gobierno, a las puertas de unas muy inciertas elecciones, presente un plan de tanta ambición en sus plazos (2030-2050), recursos (inversiones de 235.000 millones) y efectos (prevé una elevación exponencial del uso de renovables en el mix energético).
Todas estas circunstancias limitan este paquete legislativo a poco más que una declaración de intenciones, inalcanzable para un Ejecutivo que quedará en funciones el mes próximo. De hecho, la presencia de Sánchez, y el hincapié que hizo en la posible creación de 300.000 empleos, llevan a pensar que el objetivo de la presentación de esta ley es más electoral que ecológico.