Madrid
Un reciente informe revela que la cuantía que las empresas españolas destinan al pago de impuestos equivale al 47% de sus beneficios. Se trata de una cifra muy alta, que supera con creces el promedio de la UE (39,3%) e incluso el propio de la OCDE y el G-20.
Sobre esta base, es sencillo hacerse una idea del perjuicio que habría supuesto la aprobación de las alzas tributarias, cuyo foco son las empresas, contenida en los Presupuestos de 2019.
Las firmas ya afrontan una fuerte presión fiscal en capítulos como las cotizaciones sociales (un 36% del beneficio se destina a ellas) que, lejos de aliviarse, iba subir con el alza de las bases máximas. Poner a las empresas aún más contra las cuerdas implicaba una seria amenaza para el PIB y el empleo.
