
¿Por qué el 13 de febrero de 2019, el Congreso de los Diputados dio un paso positivo y, por ello, frenó una disposición peligrosa para nuestra economía, al votar contra el Presupuesto para 2019, presentado por el Gobierno Sánchez? Sencillamente, por tres motivos.
El primero de ellos se debe a la realidad de nuestra economía, siempre muy vinculada con la coyuntura económica mundial, incluso en las etapas de autarquía, pero acentuada toda esta conexión con el modelo actual de economía comunitaria. Y en el ámbito comunitario se alteran estos enlaces, por motivos internos. Basta con citar el Brexit, así como la realidad italiana y el auge de ciertas posturas proteccionistas. Lo muestran los informes expuestos en Perspectivas de la economía mundial, que para 2019 ofrece considerar que el crecimiento del PIB de Alemania será del 1,9% -en 2017, era un 2,5%-; Francia entre las mismas fechas pasaría de crecer un 2,5% a un 1,9%; y el Reino Unido, que aumentó el PIB un 1,7% en 2017 y se esperaba lo hiciese en un 0,9% en 2019. Este conjunto mundial repercute forzosamente en España: en él se observa que entre la realidad de 2017 y el pronóstico de 2019, Estados Unidos va del 2,3% al 2,1% y no digamos la rebaja de China. Todo ello dentro de un ámbito de subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, con complementos evidentes para países recargados de deudas, que en el caso del conjunto del euro, en el que nos encontramos, se vincula con la decisión del Banco Central Europeo de restringir la demanda global de compras de activos en los mercados secundarios. Da la impresión de que, provocado eso, los ya adquiridos por el Banco Central Europeo superan los 2 billones de euros. Y en este panorama, el Presupuesto enviado al Congreso de los Diputados por el Gobierno Sánchez aumentaba con claridad la realidad deficitaria española.
¿Cuál ha sido el motivo de que no se pensase que ese proyecto de presupuesto no tuviera algo tan claramente presente? Pues, sencillamente, porque se había elaborado por un Gobierno con un escaso apoyo en el poder legislativo, dado el reducido número de diputados del PSOE, el cual buscaba con ese proyecto el apoyo, a través de presiones de las dos grandes centrales sindicales -UGT y Comisiones Obreras- de multitud de agrupaciones políticas de tipo populista y, simultáneamente, de los partidos políticos de talante separatista, tanto en Cataluña como en los relacionados con el ámbito vasconavarro, o sea, exactamente con el conjunto de diputados que originó la caída del Gobierno Rajoy. La tesis de estos partidos pasó a ser que eso exigía lo que podría llamarse el cambio constitucional más revolucionario ocurrido desde hace cuarenta años. La reacción popular exhibida en las urnas en Andalucía y en las calles en Madrid en la manifestación pública del pasado 10 de febrero motivó la rectificación del Gobierno de Sánchez, con la consiguiente actitud contraria mostrada por los diputados conectados con realidades separatistas, el pasado 17 de febrero.
Pero, además, este proyecto presupuestario, si hubiera salido adelante, hubiera generado multitud de problemas muy serios. Muy en primer lugar por esperar una mejora en la recaudación para atender notables ventajas en el conjunto de las prestaciones sociales -muy en vanguardia las atenciones en el ámbito de las pensiones- con una acción doble y negativamente vertebradora ante el panorama socioeconómico existente en España, por lo señalado previamente. Añádase un claro encarecimiento de los costes salariales, para lo que pasaba a ser esencial incrementar la rigidez del mercado laboral. Decisión ésta que, automáticamente, generaría un incremento en el paro, con toda una seria de derivaciones sociopolíticas muy preocupantes. Gracias a la política, radicalmente dispar sobre rigidez laboral anunciada por el Gobierno Sánchez, la desocupación en España, que el Gobierno Rajoy hizo descender desde un 17,2% en 2017 a un 14,3% en 2019, aumentaría. Era seguro que el enlace entre un fuerte alza en el salario mínimo y una alteración radical del desarrollo del mercado del trabajo, de acuerdo con las exigencias de los sindicatos, generaría, como lo generó repetidas veces en España, un rápido incremento en ese porcentaje de desempleados, que contrasta con esta magnitud en el ámbito donde actúa la economía española.
Esta realidad se agravaría por dos causas complementarias. Por una parte, esta coyuntura del mercado laboral influiría negativamente sobre dos realidades españolas fundamentales para nuestro desarrollo. En una de ellas, porque al encontrarnos en el área del euro y carecer de posibilidades de devaluación en el tipo de cambio, la competitividad se derrumbaría, y la economía española exige, para mantener un aceptable desarrollo, ser muy competitiva. Y en la otra, como mil estudios han mostrado, ha sido un impulsor de nuestro avance económico la llegada de inversiones de capital, nuevas tecnologías y creaciones empresariales extranjeras. Por ejemplo, ¿es básicamente solo español el peso positivo que tiene en nuestra economía la fabricación y exportación de automóviles? Pues todo eso se hubiera venido abajo con esa especie de diabólica vinculación de aumento de los costes laborales a causa de mejoras derivadas de las decisiones presupuestarias, caída de la competitividad empresarial, huida de capitales extranjeros - y de los españoles también-, y derrumbamiento de la actividad.
Da la impresión, por todo lo que se ha señalado, que los elaboradores del Presupuesto del Gobierno Sánchez, preocupados por el deseo de mantenerse como fuese en el poder, ignoraron algo que los economistas conocen muy bien, que es eso que muestra la microeconomía, con la culminación perfecta, debido a Walras y Pareto, de ese denominado equilibrio general, que pasó a la macroeconomía como consecuencia de aportaciones notables de Keynes y sus discípulos, o en España de los Bernácer, los Torres... Los diversos modelos de Contabilidad Nacional muestran que, en nuestra economía, todo está relacionado con todo. En España, ¡qué bien lo sabían los Torres, los Valentín Andrés Álvarez, los Ullastres, y después los Fuentes Quintana, los Barea, los Varela, y últimamente ministros como Montoro en Hacienda o Jaime Lamo de Espinosa en Agricultura!
El Informe Económico y Financiero que el Gobierno Sánchez expuso para mostrar la bondad del Presupuesto previsto para 2019, señalaba que gracias a él, se "refuerza el crecimiento de la economía española y eleva un 5,6% el gasto en I+D+i. La dotación para la dependencia se eleva en un 60%, la partida de becas al estudio crece un 10% y se suprime el copago farmacéutico para los pensionistas más vulnerables. Aumenta la protección de los parados un 4%, a pesar de que la tasa de desempleo se reducía, y se dota con 670 millones el Plan de Choque de Empleo Joven. Los Presupuestos incluyen una rebaja de impuestos para las pymes y una reducción del IVA de los productos de higiene femenina, de los servicios veterinarios y de los libros y periódicos electrónicos".
Por lo señalado previamente, he intentado mostrar lo que sucedía, aparentemente maravilloso, en el panorama del Presupuesto Sánchez para 2019, forzosamente de acuerdo con aquello que nos dijo en su Égloga primera Garcilaso de la Vega: "No hay bien que en mal no se convierta y mude: la mala hierba al trigo ahoga, y nace en lugar suyo la infelice avena."
Y, como sucede ahora en la referida política presupuestaria, muerta en el Congreso de los Diputados, deben seguir pasando sobre nuestros ojos los esfuerzos sucesivos de esta égloga, y debemos por ello, pensar sobre lo ocurrido: "Mas venida la luz, y contemplar del peligro pasado nace un miedo que deja los cabellos erizados."