Durante años, la falta de rigor de los recursos humanos y de la dirección de las cuentas ha sido un síntoma de la salud política de la Junta de Andalucía. Enchufes por doquier y ríos de dinero perdido por las alcantarillas. A menudo, las denuncias se topaban con el freno de determinada justicia, hasta que llegó el caso de los ERE a los tribunales, y el Supremo observó algo más que irregularidades. El cambio de pantalla ponía blanco sobre negro. Ahí están cientos de ramificaciones que derivan del escándalo de los ERE, el mayor caso de corrupción de la democracia española.
Es evidente que esa ligereza de la fiscalización-política ha sido uno de los grandes problemas que ha hecho crecer la dedocracia, forzando la legalidad y ofreciendo ventaja personal a unos trabajadores sobre otros. Haciendo seguimiento desde los orígenes de la autonomía andaluza, hasta hace apenas unos años, no hay nada más parecido a las primeras hojas de 'Cien años de soledad', de Gabriel García Márquez, que la biografía laboral de la Junta, donde hay que dejarse guiar por un árbol genealógico para no perderse en el entramado de esos altos mandos, tanto en la Administración general, como en la paralela, llegando a un desmadre obsceno, y convirtiendo los chiringuitos del poder en un coladero por donde los más mínimos principios de la democracia se resbalaban hasta encontrarse con la denuncia pertinente. Algún día, alguien tendrá que explicar por qué en un momento dado, la Junta decidió quitarle a los grandes hospitales la fiscalización del gasto. ¿Cuál fue el objeto?
¿Cómo es posible que la Cámara de Cuentas de Andalucía subraye en un informe de un periodo fiscalizado del julio de 2010 de 2016 a diciembre, que, en la reordenación del Sector Público no consta la existencia y aprobación de una herramienta de planificación estratégica en la que se identifiquen los objetivos, indicadores, plazos, efectos, así como los órganos encargados del seguimiento y medición de los resultados alcanzados en términos de coste, ahorro, personal, etc.? ¿De qué han servido los informes de la Cámara de Cuentas, de qué el trabajo de los interventores y de la Junta?
Puede que en la respuesta esté parte de la solución. Hasta ahora, los informes de la Cámara de Cuentas tenían que ser aprobados en el Parlamento, pero sus conclusiones no eran vinculantes, y pasaban por allí como mero trámite. De algún modo, la intervención de la Junta ha tenido que mirar a otro lado al ver pasar por delante de sus narices expedientes, denuncias, subvenciones sin justificar, por no hablar del enchufismo descarado a los familiares del PSOE-A, lo seguramente no era de su cometido.
De poco vale lamentarse. La labor que urge pasa por subsanar esas cañerías podridas con las herramientas que da la democracia: la independencia de poderes, sin interferencias, y con el compromiso del nuevo gobierno de hacer realidad algunas de las promesas de regeneración que Juanma Moreno Bonilla dejó dicho desde la tribuna del Parlamento andaluz. A saber, que los informes de la Cámara de Cuentas sean de obligado cumplimiento, y que la Junta se nutra de un cuerpo de interventores y auditores que no esté maniatado. ¡Ver para creer!
