Parodiando al maestro Jardiel, habría que decir que el proyecto de Presupuestos del Estado presentados con fórceps y a destiempo por el Gobierno de Sánchez son, para el conjunto de economía, unas cuentas con freno y marcha atrás y lo mejor que se puede decir de ellos es que les sobra el "pre" para quedarse en supuestos rayando la utopía. Y si nos referimos a su repercusión sobre los ciudadanos, habría que aplicarles ese aforismo popular que dice "dime de lo que presumes y te diré de qué careces".
Porque pretendiendo ser unas Cuentas eminentemente sociales al final a quienes gravan y perjudican es a las clases medias y a las más desfavorecidas, a las que se pretende ilusionar con cantos de sirena como la subida del salario mínimo o de las pensiones (por cierto, la misma que estaba en los Presupuestos de Rajoy) pero a las que se exprime con una orgía de subidas fiscales directas en el IRPF y Patrimonio, e indirectas en el IVA, el impuesto sobre el diésel, la llamada tasa Google para las empresas digitales y tecnológicas, o la tasa Tobin para las transacciones financieras. ¿O es que hay alguien todavía tan ingenuo que piensa que tanto las tecnológicas, los bancos o las petroleras no van a repercutir estas subidas fiscales a los clientes en precios, comisiones o tipos de interés?
Pero lo que resulta aún más grave y delirante es que el dúo dinámico del equipo económico del Gabinete nos intente vender un crecimiento del empleo de nada menos que 800.000 puestos de trabajo en un contexto de rebaja de dos décimas en el crecimiento de la economía, caídas en la variación del consumo público y privado hasta el 1,7% y el 1,4%, respectivamente, subida de las cotizaciones sociales y un incremento desmedido en la carga fiscal sobre las empresas, que crecerá en conjunto un 14%, incluyendo el gravamen del 5% a los dividendos en el extranjero, que supone, además, un lastre adicional a la ineludible internacionalización de nuestro tejido empresarial.
Una política fiscal claramente esquilmatoria que las empresas, en un contexto de ralentización económica y cuando todavía no han conseguido equilibrar los beneficios, van a compensar con una reducción de costes, especialmente laborales. O lo que es lo mismo, reduciendo empleo para poder equilibrar el alza impositiva. Cuando todos los analistas, servicios de estudios y hasta la demagogia electoral de los partidos políticos coinciden en que la mejor política social es la creación de empleo, ¿me pueden explicar las señoras Montero y Calviño dónde está el carácter social de unos Presupuestos que abocan nuevamente a la destrucción de puestos de trabajo y que será más acentuada si se modifica la reforma laboral?
Pero donde la suposición de este supuesto Presupuesto empieza a asemejarse al delirio es en el capítulo de los ingresos. Donde se prevé un incremento de 20.000 millones, fundamentalmente por ese crecimiento desmesurado en la fiscalidad que se fundamenta sobre figuras impositivas que todavía no existen -como las tasa Google, el diésel o la Tobin-, y en una subida en la recaudación por los impuestos ya en vigor, cuando todo el mundo, dentro y fuera de nuestras fronteras, habla ya de desaceleración.
Por cierto y volviendo a la cuestión social. ¿Es de recibo el derroche de millones que el Gobierno destina a Cataluña hasta elevar el peso de la inversión en esta comunidad al 18% del PIB, un 66% más, sin haber aprobado la reforma del sistema de financiación autonómica y cuando hay comunidades en situaciones de urgencia social y graves déficits de infraestructuras, como Extremadura o las dos Castillas?
Se trata de un nuevo peaje de Sánchez a los independentistas para conseguir mantenerse unos meses más en La Moncloa, y eso después de haberles regalado 1.200 millones para infraestructuras en el esperpéntico Consejo de Ministros de Barcelona.
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